El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, ordenó que intervenga la cámara de Diputados en la denuncia que hizo la Doctora Liliana Hermosilla. La denuncia fue desestimada por los propios actores denunciados y, hasta el momento, ningún Diputado abogó por avanzar en este aspecto o pedir que los propios denunciados (el presidente del cuerpo, Esteban Amat, y su secretario administrativo, Gastón Galíndez), brinden explicaciones y sustento jurídico a las respectivas comisiones o al propio cuerpo.
A mediados de diciembre se desató un escándalo en la Cámara de Diputados que tuvo a toda la provincia en vilo. La abogada Liliana Hermosilla, quien se desempeñaba como jefa del Área de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, denunció que había una serie de irregularidades, como por ejemplo despidos arbitrarios y auto designaciones (Los llama “usurpadores”) de cargos de planta política en los más altos niveles de planta permanente (Nivel 10, con el mismo sueldo que un diputado). Esto sin cumplir con ninguna norma como lo exige las obligaciones administrativas de tal naturaleza.
En ese sentido, Hermosilla indicó que el Fiscal de Estado Pérez Alsina "hace unos días atendió mi denuncia, que es la misma que se cajoneó en la Cámara de Diputados e iba dirigida a los Diputados, pero la retiene el presidente y los secretarios porque ellos mismos son los denunciados”, aclaró, y explicó que “Como esa denuncia no avanza y está trancada ahí, yo tuve que ir a los resortes jurídicos correspondientes y me fui a la Fiscalía de Estado. En el artículo N°149 de la Constitución Provincial, dice claramente que le corresponde al fiscal, la defensa de todos aquellos actos administrativos que incidan y perjudiquen el fisco".
De esta manera, ella aclara que el fiscal compartió el dictamen de una procuradora y lo dictaminó, en el sentido de que su dictamen va dirigido a la cámara para que la cámara tome intervención de la denuncia que hizo la doctora Hermosilla y que: "mencionando el expediente que esta retenido y haciendo otras observaciones sobre que este tema lo deben atender los abogados del mismo organismo".
En este punto Hermosilla se ríe y hace énfasis en la falta de acciones atadas a derecho en el obrar de quienes están en la cúpula de la Cámara de Diputados. Ella no entiende como pueden atender a su denuncia si: "a los abogados nos sacaron hasta por la fuerza pública, a las cinco mujeres que estábamos trabajando en la oficina, las tres abogadas y las dos administrativas. Y pusieron 2 usurpadores, uno sin matrícula. Son usurpadores porque dice la ley de procedimientos administrativos de la provincia (…) que usurpador es el que no está bien designado porque no tiene los requisitos legales".
Así, según la denuncia de la propia Jefa de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, desde su remoción (que ella misma denunció como no atada a derecho ni fundamentada correctamente), todo lo que están haciendo es inválido. Un verdadero escándalo a plena luz del día, ya que esto implica “todo el movimiento de la Cámara, las contrataciones, todo lo que pase y tenga que pasar a dictamen es absolutamente ilegal porque hay usurpadores en esa oficina”.
“Estos chicos (a quienes acusa de usurpadores, puesto que sus designaciones no están atadas a derecho y por tanto sin nulas, aunque de momento están dictaminando fácticamente), ya están denunciados penalmente junto con los designantes, porque el delito es Proposición y Nombramiento de Cargo Ilegal”, afirma Liliana, brindando la explicación a un tema muy complejo de entender y que está bastante manoseado, en parte por el hermetismo de los denunciados al respecto, como también con la complicidad de todo el arco de medios afines al oficialismo provincial. El poder no quiere que esta historia se conozca.
Ignacio Jarsún
El vicepresidente del cuerpo deliberativo provincial también juega un rol en esta historia. Según la propia denunciante, Ignacio Jarsún, ya que en primer término fueron Amat y compañía quienes detuvieron la denuncia que la Asesora Jurídica ingresó por mesa de entrada “primero, pero después la detuvo el vicepresidente primero Jarsún a quien yo primero recurrí”.
En este punto, Jarsún asume un rol significante, puesto que “como vicepresidente primero y como dice el reglamento de la Cámara en el artículo 31 ‘únicamente actúa en reemplazo del presidente cuando el presidente está ausente o impedido’, y en este caso está impedido por que él es el denunciado también, entonces tiene que actuar alguien imparcial de la mesa directiva y esto le corresponde primero a Jarsún”. El denunciado no puede decidir sobre su propia situación, es el ladrón el que se juzga, y por esto, el diputado Ignacio Jarsún en carácter de vicepresidente primero, debería haber tomado la denuncia de Liliana Hermosilla y haber actuado, mínimamente bajando formalmente dicha denuncia a las comisiones correspondiente o a los propios diputados para que actúen según lo dictamina el propio código de la Cámara, en función de la Constitución Provincial.
Claramente mandan el miedo y los acuerdos políticos. Un grupo de personas está convencido de que pueden actuar con total impunidad y llevarse puesto cuanta ley exista. Una situación de abuso de poder que los fiscales decidieron omitir y no investigar, el propio fiscal Ramiro Ramos Osorio tiene la misma denuncia y no actúa ni interpela a ninguno de los denunciados, el sistema está roto.
La abogada comparó, a los concejales que recibieron el IFE quienes fueron sancionados con 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta es posiblemente la sanción que les correspondería a cada uno de los nombres que intervinieron dentro de este escándalo, y que a sabiendas de los delitos que estaban cometiendo, actuaron de igual modo. Posiblemente los llamados “usurpadores” no estén ni enterados de las que se les pueden venir si la Justicia actúa.
De momento, y conforme a derecho, el propio Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, a pedido de la Dra. Liliana Hermosilla, ordenó que se le informe sobre lo sucedido en la Cámara de Diputados. Acaso sea el Sr. Agustín Pérez Alsina el encargado de dejar expuestos a las personas que, por acción u omisión, burlaron todo código legal y hasta la propia constitución provincial en beneficio propio. La escalada podría significar acaso el mayor acto de corrupción que vieron las instituciones salteñas: 5 personas, segadas de poder, pretendiendo llevarse puesta a la propia Cámara de Diputados. Así, y lo que es peor, también correspondería se juzgue a todos y cada uno de quienes fueron cómplices de este acto, hayan actuado o hayan omitido en función de sus propios intereses. Un nuevo capítulo en la historia de vergüenza que inició en el 2019, cuando aquellos que venían a cambiar Salta mostraron su verdadera cara.
