La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas declaraciones vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En esta oportunidad, prestaron testimonio los titulares de la inmobiliaria que participó en la operación inicial del inmueble y aseguraron que, luego de una remodelación integral, la propiedad podría haber alcanzado un valor de hasta 345.000 dólares.
La declaración se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde avanza el expediente por presunto enriquecimiento ilícito. Los testigos fueron Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, dueños de la firma inmobiliaria que tuvo a su cargo la venta del departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, donde actualmente reside el funcionario junto a su familia.
Según trascendió del expediente, ambos coincidieron en señalar que la persona que llevó adelante las gestiones principales de la operación fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres que luego figuraron como compradoras del inmueble. De acuerdo con los testimonios, Feijoo habría sido quien coordinó distintas instancias del negocio inmobiliario.
La propiedad había sido ofrecida inicialmente en 340.000 dólares. Sin embargo, durante la negociación el precio se modificó y la escritura finalmente se concretó a nombre de dos mujeres jubiladas, quienes quedaron registradas como compradoras en partes iguales.
Durante la investigación, ambas mujeres declararon como testigos y sostuvieron que utilizaron ahorros personales para adquirir el departamento por un monto de 200.000 dólares. Esa operación quedó bajo análisis judicial debido a la posterior venta del mismo inmueble y a la diferencia entre los valores mencionados en las distintas etapas.
Uno de los puntos centrales del expediente es el rol que habrían tenido terceros en la maniobra inmobiliaria. Según se expuso en sede judicial, Feijoo habría intervenido activamente en la búsqueda, negociación y cierre de la compra inicial, además de mantener contactos posteriores vinculados a una eventual reventa.
En ese marco, la Justicia también analiza refacciones realizadas en el departamento luego de la primera escritura. Los testigos indicaron que el inmueble habría sido remodelado a nuevo, lo que explicaría una eventual suba del valor de mercado.
Consultados sobre cuánto podría haberse vendido la propiedad una vez finalizadas esas mejoras, ambos estimaron que el precio podría haber rondado los 345.000 dólares. Esa valuación forma parte ahora del material incorporado a la causa.
El dato cobra relevancia porque, según consta en la investigación, Manuel Adorni adquirió posteriormente el departamento por 230.000 dólares. La operación habría incluido un anticipo de 30.000 dólares en efectivo y el saldo financiado a un año sin intereses.
La diferencia entre los montos consignados en las distintas operaciones es uno de los ejes que observa la fiscalía federal. En este tipo de expedientes, los investigadores suelen analizar si existieron precios reales de mercado, triangulación de fondos o condiciones excepcionales que ameriten mayores explicaciones patrimoniales.
La intervención de la Policía Federal también formó parte del avance del caso. Por orden judicial, efectivos requirieron documentación comercial vinculada a la venta del inmueble, incluyendo registros internos, contratos y otros elementos útiles para reconstruir la secuencia de la compraventa.
La causa se sigue con atención en el escenario político nacional, ya que involucra a uno de los principales funcionarios del Gobierno. Cada nueva testimonial o pericia suma información a un expediente que podría derivar en nuevas medidas procesales.
En Salta, donde los movimientos políticos nacionales suelen impactar de lleno en la agenda pública, el caso también genera interés por el debate de fondo que abre sobre transparencia, declaraciones patrimoniales y control sobre el patrimonio de los funcionarios.
Especialistas en derecho penal económico señalan que en las investigaciones por enriquecimiento ilícito no alcanza con detectar una operación llamativa, sino que es necesario determinar si hubo incremento patrimonial injustificado o maniobras incompatibles con los ingresos declarados.
Por eso, además de las escrituras, en este tipo de causas suelen revisarse movimientos bancarios, ingresos declarados, capacidad contributiva de los intervinientes y la trazabilidad del dinero utilizado en cada operación.
También se analiza si las personas que aparecen formalmente en una compra actuaron por cuenta propia o en representación de terceros. Ese punto resulta clave cuando existen sospechas sobre posibles testaferros o compradores nominales.
Hasta el momento, las nuevas declaraciones no implican una definición judicial sobre responsabilidades penales, pero sí aportan elementos para reconstruir cómo se gestó la operación inmobiliaria y quiénes participaron de manera efectiva.
La investigación continúa en etapa de producción de prueba y no se descartan nuevas citaciones ni requerimientos documentales. El objetivo de la Justicia es establecer con precisión el circuito económico del departamento de Caballito y determinar si existió alguna irregularidad.
Mientras tanto, el caso Adorni sigue sumando capítulos y se mantiene en el centro de la discusión política argentina. La evolución del expediente será clave para conocer si las sospechas derivan en imputaciones más severas o si las operaciones logran ser justificadas dentro de parámetros legales.
