En Salta, los intendentes enfrentan un panorama económico cada vez más apretado, con una caída significativa en la coparticipación que pone en jaque sus finanzas municipales.
Por no haber reducido la cantidad de trabajadores ni haber optado por políticas de ajuste que achiquen gastos, los municipios se ven obligados a solicitar ayuda financiera al gobierno provincial para poder abonar el aguinaldo a fin de año. Esta situación refleja la dura realidad que atraviesan las comunas del interior, donde los recursos no alcanzan para cubrir las demandas crecientes.
El Foro de Intendentes, que agrupa a los jefes comunales salteños, ya inició gestiones con las autoridades provinciales para obtener un anticipo de coparticipación que garantice el pago del medio sueldo anual. Sin embargo, la preocupación no termina ahí: ahora el foco está en cómo afrontar el bono que se negocia en las paritarias estatales, en un contexto donde los fondos siguen menguando. Los intendentes insisten en que mantienen sus estructuras laborales intactas, priorizando el empleo local sin recortes que podrían agravar la crisis social en las comunidades.
La coparticipación, principal fuente de ingresos para los municipios de Salta, registró una baja del 20% a lo largo del año, lejos de las proyecciones iniciales. A esto se suma un aumento salarial del 23% para los empleados municipales, junto con subas en combustibles, repuestos y otros gastos corrientes. En medio de esta tormenta perfecta, las comunas no han optado por achicar gastos operativos ni por despedir personal, lo que agrava el desequilibrio presupuestario pero resguarda la estabilidad de miles de familias salteñas.
Con alrededor de 6.000 trabajadores municipales en toda la provincia dependiendo de estos pagos, la presión es enorme. Los intendentes destacan que los vecinos del interior recurren cada vez más a las municipalidades para cubrir necesidades básicas como alimentos, pasajes para salud y remedios, lo que eleva la demanda social sin que haya un incremento proporcional en los ingresos. Esta realidad obliga a una administración cuidadosa, pero sin medidas de ajuste que reduzcan la planta o minimicen los servicios esenciales.
La falta de reactivación económica en Salta complica aún más el horizonte para los próximos meses. Las ventas en baja impactan directamente en los recursos coparticipables, que dependen de impuestos como el IVA, Ganancias y Bienes Personales. Los intendentes advierten que, sin un repunte en la actividad comercial, la situación seguirá siendo crítica, y mantienen su compromiso de no recortar gastos ni personal para no profundizar la vulnerabilidad de la población.
El anticipo provincial, que se devolverá en seis cuotas consecutivas, representa un alivio temporal para cubrir el aguinaldo de los empleados de planta. Esta modalidad, que se aplica desde hace casi dos años, subraya la dependencia de los municipios salteños de la asistencia del gobierno central. Aun así, los jefes comunales enfatizan que su gestión prioriza el mantenimiento de la estructura laboral y los servicios, sin apelar a achiques que podrían generar más descontento en una provincia ya golpeada por la inflación y la recesión.
