La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, salió al cruce de las denuncias que presentan a la unidad educativa 7160 como una escuela fantasma cargada de ñoquis.
En declaraciones, aseguró que se trata de una tergiversación total de la realidad y defendió el funcionamiento de esa estructura dentro del complejo sistema educativo provincial. Según explicó, la 7160 no es un invento reciente ni un mecanismo para concentrar cargos ficticios, sino una herramienta que durante años sirvió para reubicar personal y atender necesidades puntuales del sistema.
Fiore detalló que la unidad nació alrededor de 2004 en el ámbito de la educación especial, vinculada al penal de mujeres, con el objetivo de garantizar educación en contextos de encierro. Con el tiempo se trasladó a la Comisaría del Menor de Castañares y, a través de distintos decretos, fue incorporando cargos y modificando su estructura. Hubo períodos en los que casi desapareció de las referencias oficiales, hasta que volvió a cobrar protagonismo a partir de 2019, luego del fallo de la Corte Suprema que eliminó la educación religiosa de las escuelas públicas salteñas.
Ese fallo generó un problema concreto: un grupo importante de maestros de religión quedó sin la posibilidad de dictar clases en el horario formal. La gestión de entonces buscó alternativas. Se capacitó a esas personas en aspectos pedagógicos y administrativos para reinsertarlos en el sistema. Algunos pasaron a tareas docentes, otros a funciones administrativas. La 7160 ofreció la flexibilidad necesaria para esos movimientos. Así, una persona podía figurar con un cargo original de esa unidad y estar trabajando efectivamente en una escuela, en un programa o en un área del ministerio.
La ministra insistió en que esa misma lógica se aplicó en otros casos. Existe una historia de convenios con la Agremiación Docente Provincial (ADP) por los cuales el gremio aportaba infraestructura para jardines de infantes y el Ministerio proveía el personal. Esos acuerdos se mantuvieron a lo largo de los años con distintas normas. Docentes que aparecen listados en la 7160 trabajan realmente en esos jardines. Fiore fue categórica al desmentir afirmaciones puntuales que circularon: la hija del secretario de ADP no tiene ninguna designación, afirmó, y dijo que las listas oficiales se entregarán a la Justicia para que quede todo claro.
También hay personal de la 7160 cumpliendo funciones en el SINIDE, el sistema que permite el seguimiento de casi 400.000 matrículas y que recientemente habilitó un mecanismo de alerta temprana para detectar riesgos de abandono escolar. El ministerio cuenta con muy pocos recursos para esa tarea, por lo que se recurrió a esa unidad. Lo mismo ocurre con la UPACE, creada para atender situaciones de crisis y violencia en los establecimientos educativos, y con distintas coordinaciones y programas. En todos los casos, según la funcionaria, se trata de gente que está prestando un servicio concreto, no de puestos fantasmas.
Fiore reconoció que el esquema genera sospechas y controversias, y por eso el propio Ministerio inició el 18 de mayo un expediente orientado a la disolución de la 7160. La idea es transferir los cargos a los lugares donde las personas realmente trabajan. Si alguien está en un jardín, el cargo debe figurar en ese jardín. Si está en otra dependencia, debe quedar registrado allí. El objetivo es transparentar y ordenar una situación que se arrastra desde hace años.
Respecto de la cantidad de personas involucradas, la ministra negó de plano las cifras de 300 empleados que circularon. Dijo que se trata de unas 200 personas, que con suerte podrían llegar a 230. Aproximadamente el 75 por ciento tiene más de cinco años de antigüedad y hay casos de hasta diez años, con cargos que se fueron renovando. Cada uno de esos cargos ronda los 700 mil pesos, pero la unidad tiene un presupuesto asignado. El trabajo actual apunta a que los cargos queden donde se presta el servicio y que los anteriores se anulen.
La 7160 no es un caso aislado. Desde 2014 hasta ahora, 66 establecimientos educativos dejaron de funcionar por falta de matrícula y sus cargos se reubicaron en otras escuelas. Existen mecanismos legales que permiten estos reacomodamientos por razones de servicio. El problema es que muchas veces el cargo sigue asociado administrativamente a la unidad original aunque la persona trabaje en otro lado. El ministerio está avanzando en la regularización: se transfiere el cargo y se anula el anterior.
Fiore aclaró un punto importante: no necesariamente esas 66 escuelas se cerraron formalmente mediante un decreto específico. Puede haber establecimientos que llevan años sin alumnos o con una matrícula mínima de uno, cinco o seis estudiantes, y que administrativamente siguen figurando. Cuando ya no haya matrícula, dejarán de estar operativos. El desafío es qué hacer con los docentes y los recursos.
La caída de la matrícula es un problema demográfico que va a crecer, pero también puede convertirse en una oportunidad. Con menos alumnos se puede reducir la cantidad de estudiantes por docente, reforzar áreas clave como Matemática o Lengua y lograr una enseñanza más personalizada. El SINIDE ya aporta información nominal que permite saber qué alumno tiene dificultades en cada materia y qué acompañamiento necesita. El objetivo es usar esos datos y los recursos humanos disponibles para mejorar el aprendizaje sin dejar a ningún docente en la calle.
Sobre la denuncia que llegó a la Justicia, impulsada por una docente cesanteada, la ministra contextualizó la situación
Cuando asumió el cargo encontró un nivel alto de conflictividad y de ausentismo. Se detectaron casos con más de 150 días de inasistencias injustificadas. La legislación establece que diez días pueden ser causal de cesantía. Se abrió una investigación y un sumario con derecho a defensa. De 127 casos iniciales, finalmente quedaron 116 cesantes. Entre ellos estaba la docente que presentó la denuncia.
Fiore se negó a hacer valoraciones sobre posibles motivaciones. Dijo que la Justicia deberá determinar qué hay de cierto en cada planteo y que el ministerio aportará la información oficial: listados, designaciones y planillas de asistencia. No se basarán en capturas de pantalla ni en listas que circulan sin verificar.
Ante los reclamos de algunos sectores docentes que piden su apartamiento mientras avanza la investigación, la ministra respondió que el pedido es una decisión que corresponde al gobernador. Ella, por su parte, tiene claro el camino: demostrar ante la Justicia todo lo que explica. Aseguró que cuenta con la documentación y que no tiene nada que esconder. “La 7160 no es una escuela fantasma ni un lugar lleno de ñoquis. Eso es total y absolutamente mentira”, reiteró.
El sistema educativo salteño, con más de 2.500 unidades, atraviesa una crisis de largos años que genera reacomodamientos permanentes. Recursos de un lugar se mueven para cubrir necesidades de otro. La 7160 funcionó durante mucho tiempo como una rueda de auxilio de ese sistema. Ahora el Gobierno provincial busca ordenar esa herencia, transferir los cargos a donde realmente se trabaja y dejar atrás una estructura que, según la ministra, fue malinterpretada. La entrega de la documentación a la Justicia se presenta como la vía para esclarecer los hechos y poner fin a las sospechas.
Con información de El Tribuno
