La Cámara de Diputados de Salta debatirá este martes un proyecto impulsado por el oficialismo que propone modificar el funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, con un fuerte foco puesto en la reducción de gastos estatales. La iniciativa plantea que varios de los representantes designados por los poderes del Estado dejen de percibir salarios y pasen a desempeñar sus cargos de manera ad honorem.
El proyecto, que ya comenzó a generar repercusiones en ámbitos políticos y de derechos humanos de la provincia, modifica las leyes provinciales 7863 y 8024, normas que regulan el funcionamiento de ambos organismos. La propuesta lleva la firma de más de 30 diputados del bloque oficialista Todos por Salta y será uno de los temas centrales de la próxima sesión legislativa.
Entre los legisladores que acompañan la iniciativa aparecen nombres de peso dentro de la Cámara baja provincial, como Esteban Amat Lacroix, Laura Cartuccia, Guillermo Kripper, Gustavo Orozco y Germán Rallé, entre otros integrantes del oficialismo.
Uno de los puntos principales del proyecto apunta directamente al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, organismo creado en Salta para elaborar estadísticas, informes y análisis vinculados a violencia de género, además de colaborar en el diseño de políticas públicas de prevención y asistencia.
La iniciativa establece que las personas designadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados deberán ejercer sus funciones sin percibir remuneración alguna. De esta manera, solamente quedaría excluida del esquema ad honorem la representante designada por la Universidad Nacional de Salta.
Actualmente, el directorio del Observatorio está integrado por Ana Pérez Declercq, Florencia Sánchez, María del Pilar González Sastre y Natalia Fuentes.
Según el texto legislativo, el objetivo es avanzar en una reducción de gastos vinculados a cargos institucionales dentro del Estado provincial. En el oficialismo sostienen que la medida apunta a optimizar recursos y reordenar partidas presupuestarias en un contexto económico complejo tanto para la provincia como para el país.
Sin embargo, el proyecto ya comenzó a despertar cuestionamientos en distintos sectores vinculados a derechos humanos y políticas de género, donde advierten que el cambio podría debilitar organismos considerados claves para el monitoreo y seguimiento de problemáticas sensibles en Salta.
La otra modificación de peso alcanza al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un organismo creado para supervisar las condiciones de detención en cárceles, comisarías y otros espacios de encierro dentro de la provincia.
Actualmente, el Comité está conformado por cinco integrantes y cumple funciones de control, monitoreo y elaboración de recomendaciones vinculadas al respeto de derechos humanos de personas privadas de libertad.
La iniciativa oficialista mantiene la cantidad de miembros, pero modifica el esquema de remuneraciones. De aprobarse el proyecto, los representantes designados por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado provincial pasarán a desempeñar funciones ad honorem.
En cambio, los dos representantes provenientes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos continuarán percibiendo remuneraciones equivalentes al cargo de director del Poder Ejecutivo provincial.
Hoy el Comité está presidido por Rodrigo Solá, representante de organismos de derechos humanos, mientras que la vicepresidencia está a cargo de Ramón Rosa Corregidor.
También integran el organismo Cristina Cobos y Andrés Giordamachi.
Con el nuevo esquema, Corregidor y Giordamachi dejarían de percibir remuneración por sus funciones dentro del organismo provincial.
Pero uno de los puntos que más atención genera dentro del proyecto tiene que ver con la eliminación de las incompatibilidades vigentes para los miembros del Comité contra la Tortura. Actualmente, la legislación provincial establece restricciones para quienes integran el organismo, prohibiéndoles ejercer otras actividades remuneradas, tanto en el ámbito público como privado, salvo excepciones vinculadas a docencia, investigación académica o tareas de capacitación.
La propuesta oficialista elimina esa limitación y habilita a los integrantes del Comité a desarrollar otras actividades laborales paralelas. Ese cambio abrió interrogantes dentro de algunos sectores políticos y jurídicos sobre el posible impacto en la independencia y dedicación exclusiva del organismo.
El debate llega en un contexto donde la discusión sobre el gasto público y la estructura estatal comenzó a ganar cada vez más espacio dentro de la agenda política de Salta. En línea con el clima nacional impulsado por las políticas de ajuste y reducción del Estado, distintos sectores del oficialismo provincial empezaron a promover iniciativas orientadas a disminuir costos en áreas institucionales.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos, colectivos feministas y sectores vinculados a políticas públicas de género siguen de cerca el avance del proyecto y anticipan que podría haber cuestionamientos durante el tratamiento legislativo.
