La Cámara de Diputados de Salta tratará mañana un proyecto de ley impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz que busca abordar dos objetivos clave en el departamento Anta: regularizar la situación dominial de los ocupantes históricos de tierras pertenecientes a Salta Forestal S.A. y autorizar la renegociación de contratos de concesión con las empresas Cresud y Grupo Anta del Plata. La iniciativa, que combina justicia social con desarrollo productivo, promete ser un paso significativo hacia la resolución de conflictos históricos y el fortalecimiento económico de la región.
El proyecto apunta a garantizar el derecho a la propiedad de pobladores que, mucho antes de la creación de Salta Forestal, ya habitaban estas tierras y que, a lo largo de décadas, han sostenido reclamos para obtener la titularidad. Según el mensaje del Ejecutivo, estos ocupantes enfrentan una situación de vulnerabilidad que podría resolverse mediante la entrega de títulos de propiedad, asegurando así su estabilidad jurídica y social. Para proteger el dominio de los beneficiarios, la norma establece un plazo prudencial que garantiza el cumplimiento de los fines de la ley.
Transparencia y sostenibilidad en las adjudicaciones
Con el objetivo de asegurar un proceso transparente, el proyecto exige que los ocupantes sean relevados por entidades de reconocida trayectoria, como universidades, organismos públicos nacionales especializados o la propia Salta Forestal, que cuenta con registros históricos. En casos excepcionales, se contemplan relocalizaciones rurales o urbanas para quienes deban trasladarse por razones justificadas, asegurando adjudicaciones ordenadas y con dimensiones adecuadas para su sostenibilidad.
Renegociación de concesiones y nuevos horizontes productivos
El proyecto también autoriza a Salta Forestal a renegociar los contratos vigentes con Cresud y Grupo Anta del Plata, enfocándose en recuperar tierras que no están siendo plenamente explotadas. Estas superficies se destinarán tanto a la regularización dominial de los ocupantes que cumplan con los requisitos como a nuevas concesiones que promuevan el aprovechamiento productivo, alineado con el objeto social de la sociedad anónima. El Ejecutivo destaca que esta medida no solo busca resolver una problemática histórica, sino también fomentar la inversión y el desarrollo socioeconómico de la zona.
Un equilibrio entre justicia social y desarrollo
La iniciativa refleja un intento del gobierno provincial por equilibrar la protección de derechos de pobladores vulnerables con la promoción de un modelo productivo sostenible. De aprobarse, el proyecto podría marcar un hito en la resolución de conflictos agrarios en Anta, al tiempo que abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión en una región con gran potencial. La sesión de mañana en Diputados será clave para definir el futuro de esta ambiciosa propuesta.
