El juicio por la expropiación de YPF sigue generando capítulos judiciales en los tribunales de Estados Unidos. Esta semana, el Gobierno argentino presentó una nueva apelación en Nueva York con el objetivo de frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a entregar los celulares y mensajes de los ministros y exfuncionarios de Economía, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa.
Se trata del tercer recurso presentado en el marco de este litigio en el que la Argentina fue condenada a pagar US$16.000 millones, una de las sentencias más altas de la historia internacional contra un Estado. La defensa nacional insiste en que la medida es desproporcionada y que no corresponde avanzar sobre la información privada de los funcionarios.
La apelación en curso
El escrito fue ingresado en el juzgado de primera instancia de Nueva York como parte del proceso de apelación ante la Corte de ese distrito. Es la misma instancia donde el país ya había cuestionado la posibilidad de entregar acciones de YPF a los demandantes.
Con esta estrategia, los abogados argentinos buscan dejar sin efecto la decisión de Preska, que habilita a los beneficiarios de la sentencia —entre ellos el fondo Burford Capital— a acceder a datos personales y comunicaciones de los últimos responsables del Palacio de Hacienda.
Qué está en juego
El reclamo de Burford Capital se centra en la figura del “alter ego”, una herramienta jurídica que intenta probar que empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación funcionan como una extensión directa del Estado argentino. Si esa postura prospera, los demandantes podrían exigir embargos sobre esas compañías para asegurar el cobro de la sentencia dictada en septiembre de 2023.
El Gobierno nacional ya apeló el fallo principal que fijó la millonaria indemnización, pero al mismo tiempo enfrenta este proceso paralelo de “discovery”, en el que se intenta obtener pruebas adicionales sobre la relación entre el Estado y las firmas estatales.
