El Gobierno nacional volvió a poner en agenda uno de los debates más sensibles del sistema penal argentino al enviar al Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa, que ya comenzó a generar fuertes cruces políticos y sociales, plantea un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes y prevé recursos específicos en el Presupuesto 2026 para su implementación.
El texto ingresó formalmente a la Cámara de Diputados con la intención del oficialismo de acelerar su tratamiento parlamentario. La propuesta apunta a que sea analizada en comisiones y, de reunir los consensos necesarios, llegue al recinto en los próximos días. El eje central del proyecto es la reducción de la edad mínima de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, aunque ese punto aparece como el más controvertido dentro y fuera del Congreso.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo retoma una propuesta que ya había sido presentada el año pasado y que no logró avanzar por falta de acuerdos políticos. Ahora, el oficialismo busca reimpulsarla en un contexto marcado por la creciente preocupación social por los delitos cometidos por menores y el reclamo de mayor respuesta del Estado frente a hechos de violencia grave.
El proyecto establece un régimen diferenciado para adolescentes, con reglas específicas de juzgamiento y sanción, alejadas del sistema penal de adultos. Sin embargo, el aspecto que concentra la mayor atención es la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, una medida que genera resistencias incluso entre bloques que acompañan otras iniciativas del Gobierno.
En los sectores de la oposición dialoguista ya dejaron en claro que el consenso político hoy se ubica un escalón más arriba. Dirigentes de bloques como el PRO y la Unión Cívica Radical señalaron que el acuerdo posible sería fijar el umbral en los 14 años, tal como se había trabajado en dictámenes previos durante el año pasado. En ese escenario, el proyecto podría sufrir modificaciones cuando se firme el despacho de comisión.
El debate no es menor y atraviesa a todo el país, incluida la provincia de Salta, donde el funcionamiento del sistema penal juvenil y la respuesta frente a delitos cometidos por menores ha sido motivo de discusión en reiteradas oportunidades. Funcionarios judiciales, especialistas en niñez y organizaciones sociales siguen de cerca el avance del proyecto, atentos a cómo impactaría en las provincias una eventual reforma.
Uno de los puntos que había frenado el tratamiento de la iniciativa en 2025 fue la falta de financiamiento. En aquel momento, distintos bloques opositores advirtieron que no era viable avanzar con una reforma de semejante magnitud sin garantizar recursos concretos para su aplicación. Esa objeción comenzó a despejarse en las últimas horas.
Durante una reunión entre autoridades de la Cámara de Diputados y presidentes de bloque, el oficialismo confirmó que el nuevo proyecto sí contempla partidas presupuestarias específicas. Esa definición quedó plasmada en el articulado de la iniciativa, donde se detalla la asignación de fondos para poner en marcha el Régimen Penal Juvenil reformado.
En concreto, el proyecto prevé una asignación presupuestaria superior a los 23.700 millones de pesos para el año 2026. Los recursos estarán destinados principalmente al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, los equipos técnicos y los dispositivos necesarios para la implementación del nuevo sistema.
