En una sesión especial realizada este jueves 29 de mayo, el Senado de Salta aprobó de manera exprés el pliego de Pablo López Viñals para que continúe por otros 10 años como juez de la Corte de Justicia. La votación se resolvió con un amplio respaldo, y solo un voto negativo: el del senador por Cachi, Walter Wayar, quien denunció que la reelección contradice la reforma constitucional sancionada en 2021. Además de las fuertes críticas jurídicas, institucionales y sociales que calificaron la decisión como inconstitucional.
El artículo 156 de la Constitución provincial reformada establece de manera explícita que los jueces de la Corte no pueden ser reelegidos y que su mandato debe durar diez años. Sin embargo, el oficialismo argumentó que la norma no es retroactiva y que no puede aplicarse a quienes ya estaban en ejercicio del cargo, como es el caso de López Viñals. Esta postura fue fuertemente cuestionada por el Colegio de Abogados de Salta, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y sectores académicos, que advirtieron que se está vulnerando el espíritu de la reforma y debilitando la institucionalidad judicial.
Durante el debate, el senador Walter Wayar fue el único en votar en contra y sostuvo: “No se trata de la capacidad profesional del juez, sino del respeto a la norma y al compromiso institucional con la ciudadanía. Necesitamos instituciones claras y fortalecidas, no mensajes confusos”.
Por el contrario, varios senadores del oficialismo defendieron el pliego. Gustavo Carrizo (Capital) argumentó que “la reforma no puede aplicarse retroactivamente” y que “ya hay antecedentes que validaron mandatos anteriores bajo las reglas vigentes”. Enrique Cornejo (General Güemes) remarcó que “todo lo que no está expresamente prohibido, está legalmente permitido”, y resaltó la “solvencia profesional y compromiso con la justicia” del magistrado.
Walter Cruz, representante por Iruya, apoyó la continuidad de Viñals con una mirada territorial: “Venimos de la Salta profunda, donde se necesita acceso real a la justicia. López Viñals planteó instalar juzgados de paz letrados y reconoció la importancia del derecho indígena y la justicia comunitaria”.
También sumaron su respaldo Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana), quien valoró la federalización del sistema judicial impulsada por Viñals, y Alberto Mónico Graciano (Rosario de la Frontera), quien destacó su idoneidad técnica y experiencia en reformas procesales.
Desde La Caldera, el senador Miguel Calabró recordó el rol clave de López Viñals en la implementación del modelo acusatorio, la redacción del nuevo Código Procesal Penal y la creación del CIF. “Falta avanzar hacia la oralidad plena. López Viñals ha trabajado en esa dirección”, afirmó.
El senador Jorge Pablo Soto (La Viña), presidente de la Comisión de Justicia, defendió la legalidad del procedimiento: “La reforma fue soberana, aprobada por bloques representativos. No hay planteos de inconstitucionalidad vigentes. Estamos actuando conforme a derecho”.
Pese a las múltiples objeciones técnicas, el Senado aprobó la reelección con mayoría casi absoluta. Ahora, para que la designación quede oficializada, se espera la firma del decreto por parte del gobernador Gustavo Sáenz. La decisión abre la puerta a posibles impugnaciones judiciales y reaviva el debate sobre la interpretación de la Constitución y la solidez institucional en Salta.
