La Universidad Nacional de Salta quedó en el centro de un escándalo institucional tras conocerse una auditoría que detectó irregularidades en el manejo de al menos $634.316.754, correspondientes a fondos públicos que, según las autoridades actuales, debieron ingresar a la universidad pero terminaron siendo administrados por una fundación privada vinculada.
El dato surge del informe sobre la Fundación de Altos Estudios (Fundaltes), una entidad con personería jurídica propia pero estrechamente ligada a la UNSa. Allí se identificó que $200 millones provenientes del canon del Banco Patagonia -agente financiero de la universidad- fueron transferidos a la fundación, donde luego se invirtieron y generaron $434.316.754 en intereses.
"La primera observación es por qué ingresó esta plata a Fundaltes y no a la universidad", planteó el secretario general, Alberto Mariscal, quien fue más allá: "Yo, a las luces, creo que sí hubo un desvío de fondos".
Uno de los puntos centrales que buscan aclarar las autoridades es la relación entre la universidad y la fundación. Mariscal insistió en diferenciar ambas figuras: "Hay dos personas jurídicas que conviven: la universidad, que es pública, y Fundaltes, que es una fundación privada".
Sin embargo, esa separación formal convive con una superposición de roles: el rector, la vicerrectora y el secretario administrativo de la UNSa integran también la conducción de la fundación.
Desde el plano legal, el secretario jurídico Daniel Mansilla explicó el origen de este esquema: "La ley de Educación Superior faculta a las universidades a crear fundaciones con la idea de recaudar fondos". Pero advirtió el punto crítico: "El inconveniente es que, en vez de buscar fondos externos, la fundación tomó -en este caso- fondos de la propia universidad para administrarlos por fuera".
El núcleo del caso
El eje más sensible del informe es el origen de los $200 millones, correspondientes al canon que paga el Banco Patagonia por operar como agente financiero de la UNSa. Ese dinero, según la auditoría, fue acreditado en Fundaltes el 1 de agosto de 2023, durante la gestión anterior.
A partir de allí, los fondos fueron colocados en instrumentos financieros -plazos fijos y fondos comunes-, generando intereses millonarios hasta alcanzar los $634 millones actuales. "Ese es el total de fondos que fueron a parar a Fundaltes en lugar de venir a la universidad", remarcó Mariscal.
El impacto no es menor en un contexto crítico: la UNSa arrastra un déficit que supera los $3.000 millones y podría escalar por encima de los $4.000 millones en 2026.
El informe también detecta irregularidades en el uso de esos recursos. Uno de los casos más concretos es el pago de US$15.000 a una empresa de Córdoba para el desarrollo de una página web institucional que, según la actual gestión, nunca se concretó. "¿Cómo puedo pagar un servicio que no me ha sido prestado nunca?", cuestionó Mariscal.
Y agregó: "Acá ya no es solo un mal desempeño, hay cuestiones más vinculadas a los ilícitos". El dato se agrava por el contexto: el pago fue autorizado el 8 de mayo de 2025, pocos días antes del cambio de gestión, pese a que existían informes técnicos que advertían que el servicio no estaba cumplido.
Otro eje crítico apunta a la adquisición de bienes. Según detalló Mansilla: "Se compraron tres rodados sin licitación, violando el proceso que exige la ley de administración financiera".
Además, los bienes -vehículos y equipamiento informático- quedaron registrados a nombre de la fundación, aunque eran utilizados por la universidad. "Si había un accidente, la responsabilidad recaía en la universidad, pero el título automotor estaba a nombre de la fundación", explicó Mariscal. La misma situación se detectó con equipamiento informático utilizado por estudiantes.
A esto se suma la situación de un parque solar de 60 kilowatts que permanece sin poder ser incorporado al sistema energético de la universidad, lo que impide su aprovechamiento. Según se indicó, la obra presenta además una diferencia cercana al 50% respecto del presupuesto original.
Tras las observaciones, el jueves último el Consejo Superior autorizó el traspaso de esos bienes a la UNSa.
La auditoría también advierte que varios gastos no guardan relación con el objetivo original de Fundaltes, que es promover investigación, extensión y actividades académicas. "Muchos de los gastos no guardan relación con el objeto para el cual fue creada la fundación", señaló Mariscal.
Esto abre un frente jurídico adicional sobre el uso indebido de la figura institucional. Desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos se advirtió que los hechos analizados podrían encuadrarse en figuras como incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos. En los últimos meses se viene advirtiendo sobre consecuencias directas en el funcionamiento actual de la universidad.
Auditoría interna y posibles denuncias en la Justicia Federal
A partir del informe externo, la Universidad Nacional de Salta activó una auditoría interna para determinar responsabilidades y confirmar si existió desvío de fondos. El proceso estará a cargo de la Unidad de Auditoría Interna y podría arrojar resultados en un plazo de 30 a 45 días.
En paralelo, el área jurídica ya evalúa acciones judiciales. "Tenemos indicios como para no ser cómplices y quedarnos callados", afirmó Mansilla. Y confirmó: "Estoy esperando instrucciones del rector (Miguel) Nina para interponer la denuncia y que intervenga la Justicia Federal".
Las eventuales responsabilidades podrían alcanzar al ex rector de la UNSa, Daniel Hoyos, al vice Nicolás Innamorato y demás funcionarios de la gestión anterior que autorizaron pagos, contrataciones y movimientos de fondos.
Además de la vía penal, la UNSa podría avanzar con sumarios administrativos y juicios académicos contra exautoridades, que aún mantienen vínculo como docentes. "La única posibilidad de iniciar un proceso es a través de un juicio académico", explicó Mansilla. Estos procesos, que dependen del Consejo Superior, podrían concretarse después de varios meses de investigación y planteos.
Más allá de las responsabilidades, el caso tiene consecuencias concretas en el presente. "Imagínense lo que podríamos hacer con ese dinero con tanta necesidad que hay hoy", planteó Mariscal. El funcionario fue categórico: "La universidad no está en una situación favorable. Está muy mal financieramente".
A lo largo de la investigación, hay una incógnita que se repite tanto en el plano técnico como político: ¿Por qué esos fondos fueron a la fundación y no a la universidad? "Esa es la gran pregunta", insistió Mariscal. La respuesta, por ahora, queda en manos de las auditorías en curso y de una posible intervención judicial.
Fuente El Tribuno
