En un verdadero sacudón para la administración pública de Tartagal, una investigación interna destapó un escándalo de proporciones: al menos 45 empleados municipales de planta permanente presentaron títulos secundarios falsos para acceder a sus puestos y beneficios salariales.
Las autoridades locales estiman que el número de casos podría ascender a 200 solo en el municipio, y no descartan que la maniobra se extienda a otros organismos provinciales, como Educación, Seguridad, Salud y hasta el Poder Judicial. Este hallazgo pone en jaque la transparencia de los procesos de contratación en el norte salteño.
El descubrimiento comenzó hace algunos meses, cuando rumores y denuncias anónimas llegaron al departamento legal de la Municipalidad. Alertados por las sospechas, los responsables iniciaron un relevamiento exhaustivo de los títulos presentados por el personal. Los primeros resultados fueron contundentes: 45 agentes, hasta el momento, fueron identificados con documentación apócrifa. Algunos títulos pertenecían a otras personas, otros estaban incompletos por materias adeudadas y, en los casos más graves, eran directamente falsificaciones que nunca fueron emitidas por el Ministerio de Educación de Salta.
El asesor legal de la comuna, Pablo Carrizo, explicó que se intimó a los empleados involucrados para que presentaran los títulos originales y constancias actualizadas de las instituciones educativas. Sin embargo, ninguno pudo cumplir con el requerimiento. En su lugar, algunos ofrecieron descargos que, lejos de aclarar la situación, confirmaron las irregularidades. “Estamos frente a un delito grave, que incluye falsificación de documentos públicos y defraudación a la administración pública”, señaló Carrizo, quien subrayó que el municipio ya inició sumarios administrativos para sancionar a los responsables.
Lo que comenzó como un problema local podría tener alcances mucho mayores. Según las estimaciones, cerca de 200 empleados municipales estarían en una situación similar, y las autoridades no descartan que la maniobra se haya replicado en otras reparticiones públicas de la provincia. “Hemos detectado casos de personas que, con títulos truchos, accedieron a estudios superiores o incluso a empleos en el ámbito nacional”, detalló el abogado. Además, se descubrió que muchos de estos agentes cobraban un incremento salarial del 25% por un título que nunca obtuvieron.
El impacto económico de esta estafa es otro punto que preocupa. Durante años, el municipio desembolsó sumas millonarias en sueldos y beneficios basados en documentación fraudulenta. Algunos casos datan de hace más de 20 años, lo que sugiere un esquema de falsificación que podría haber operado como un “negocio paralelo” en la región. Las autoridades ahora buscan determinar si existe una red organizada detrás de estas irregularidades, un aspecto que quedará en manos de la Justicia penal una vez que concluyan los sumarios administrativos.
Para evitar que el problema pase desapercibido, la Municipalidad de Tartagal amplió la investigación a todo el personal de planta permanente. Se espera que, una vez identificados todos los casos, las actuaciones sean elevadas a la fiscalía para que se investigue a fondo. “No solo es un tema de Tartagal; esto podría involucrar a otros municipios, docentes, policías y hasta empleados judiciales”, advirtió Carrizo, quien llamó a realizar una auditoría integral en todos los organismos públicos de la provincia.
Este escándalo pone en el centro del debate la necesidad de controles más estrictos en los procesos de contratación y certificación de títulos en Salta. Mientras la investigación avanza, la ciudadanía espera respuestas y medidas concretas para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro. En Tartagal, la confianza en la administración pública está en juego, y el caso promete seguir dando que hablar en el norte salteño.
