El Gobierno nacional atraviesa una fuerte crisis interna tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y evalúa realizar cambios profundos en la agencia. Desde la Casa Rosada reconocen que buscan un “fusible” para ordenar el frente interno y contener la tensión política que desató el caso, considerado como uno de los peores escándalos de la gestión libertaria.
Según fuentes oficiales, el Presidente decidió desplazar a todos los funcionarios que, directa o indirectamente, participaron en los procesos de contratación de la droguería Suizo Argentina, en base a los avances de la auditoría interna y de la Justicia. La medida busca despejar responsabilidades y establecer un nuevo orden dentro del organismo.
La filtración de los audios generó sospechas y conflictos internos, especialmente entre los allegados a Karina Milei y el equipo del asesor Santiago Caputo, sobre quiénes habrían facilitado la difusión de las grabaciones. En la Casa Rosada señalan que “Diego no puede ser el apuntado porque es quien denunció los hechos; si no cae nadie, esto se va a desbandar”.
En este marco, se produjeron reuniones clave en Balcarce 50, con la participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Karina Milei, Santiago Caputo y el abogado Francisco Oneto. El Gobierno aún no definió quién será el vocero oficial del tema, mientras trabajan en un plan de acción para comunicar los cambios y contener el impacto político.
La primera medida concreta fue el desplazamiento de Spagnuolo y del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Para supervisar la agencia, el ministro de Salud, Mario Lugones, designó a Alberto Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, como nuevo interventor de la ANDIS. Vilches estará a cargo de auditar los procesos internos, revisar documentación y elaborar informes sobre el funcionamiento del organismo.
La ANDIS maneja un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados, según el último informe del INDEC. De esa cifra, $3,1 billones se destinan a “seguridad social”, $556.054,96 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”. Con estos cambios, el Gobierno busca dar señales de control, transparencia y orden interno frente al escándalo que mantiene en vilo a la gestión y a la opinión pública.
