El juicio oral por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas volvió a instalarse con fuerza en la agenda nacional. A medida que avanzan las audiencias del Tribunal Oral Federal 7, salen nuevamente a la luz testimonios, declaraciones leídas y detalles que profundizan la reconstrucción del esquema de recaudación ilegal que, según la acusación fiscal, operó durante más de una década dentro del Estado argentino. En estas jornadas, se repasaron los dichos de exfuncionarios, empresarios, intermediarios y del chofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones dieron origen al caso. El resultado es un mosaico de relatos que, aunque distintos en matices, coinciden en el funcionamiento interno de una estructura paralela que manejaba dinero en efectivo, trasladado en bolsos, valijas y mochilas, hacia distintos despachos oficiales y domicilios particulares.
En Salta, donde el impacto político de las causas de corrupción nacionales suele sentirse con fuerza, el avance del juicio es seguido de cerca. La dinámica que se describe desde Buenos Aires —una red que habría condicionado a empresarios de obra pública, funcionarios de alto rango y operadores clave— tiene resonancia en provincias del interior que dependen en gran medida de la obra pública y de las decisiones tomadas en el Ministerio de Planificación durante los años kirchneristas. Este contexto nacional también condicionó durante años el crecimiento de municipios y provincias, por lo que la causa mantiene un interés constante entre dirigentes, instituciones y ciudadanos.
En estas nuevas audiencias salió nuevamente a escena la declaración de Claudio Uberti, exfuncionario del Órgano de Control de Concesiones Viales. Su relato, leído por el tribunal, volvió a encender la atención del público judicial. Entre sus anécdotas más fuertes, Uberti afirmó que el día de la muerte de Néstor Kirchner había “60 millones de dólares” en el departamento de Juncal, en Recoleta. Aclaró que no vio directamente esa cantidad, pero lo afirmó citando comentarios que provendrían de un secretario privado del entonces ministro Julio De Vido, sindicado como uno de los nodos principales de la presunta red de recaudación.
Uberti también describió situaciones en las que llevó dinero personalmente al despacho presidencial y relató episodios en los que Néstor Kirchner se mostraba molesto cuando el aporte no se realizaba en euros o dólares. Según su testimonio, hubo ocasiones en las que entregó maletines repletos de divisas con destino a la Quinta de Olivos o al departamento de la familia Kirchner. Incluso recordó una escena puntual en la que transportó una valija con “diez millones de euros” desde un estacionamiento porteño hasta Olivos.
Los elementos expuestos por Uberti se suman a las declaraciones de empresarios de la obra pública, que durante la etapa de instrucción y ahora durante el juicio describieron haber sido presionados para realizar pagos periódicos. Juan Chediack, ex directivo de la Cámara Argentina de la Construcción, relató que recibió amenazas para entregar dinero y mencionó que las entregas frecuentes se realizaban en la casa de De Vido, en un living “al lado de unos bonsáis”. Según su testimonio, el sistema se sostenía mediante una cadena de presiones que involucraba a funcionarios como Roberto Baratta, Ernesto Clarens y el propio José López.
El testimonio de López también fue retomado en esta etapa del juicio. El exsecretario de Obras Públicas, recordado por el episodio de los bolsos en un convento de General Rodríguez, aseguró que tras la muerte de Néstor Kirchner, el sistema de recaudación entró en una etapa de reorganización. Según su relato, Cristina Fernández habría convocado una reunión en Olivos para pedir explicaciones sobre anotaciones realizadas por Néstor. Aunque López afirmó que la entonces presidenta no dio instrucciones concretas ese día, sostuvo que más tarde Julio De Vido le comunicó que debían “retomar la recaudación para la campaña de 2011”.
El panorama que surge de estas declaraciones apunta a una estructura que, según la fiscalía, habría funcionado entre 2003 y 2015 con roles definidos, montos periódicos y mecanismos de entrega diversificados. Las sumas, narradas en algunos casos en pesos, y en otros en dólares o euros, eran retiradas en empresas, estacionamientos, hoteles y oficinas. Según las reconstrucciones leídas en el juicio, el dinero tenía como destino final puntos estratégicos como el Ministerio de Planificación, la Quinta de Olivos, la Jefatura de Gabinete o el departamento de los Kirchner en Recoleta.
En estas jornadas también se repasaron los dichos sobre Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de los Kirchner. Distintos testimonios lo ubican trasladando valijas hacia Santa Cruz, en cantidades que superaban la veintena de unidades en un solo movimiento. Uberti, en particular, recordó una visita al departamento porteño donde observó múltiples valijas listas para ser trasladadas.
Los relatos coinciden, además, en que la muerte de Néstor Kirchner generó tensiones internas entre los funcionarios involucrados. López y Chediack detallaron que, con el correr del tiempo, algunos actores ganaron mayor protagonismo mientras otros perdieron influencia. Cristina Fernández habría empezado a apoyarse con más frecuencia en López y Clarens, lo que, según esos testimonios, habría generado malestar en De Vido.
La fiscal Fabiana León, encargada de la acusación en este tramo del juicio, resumió la hipótesis del Ministerio Público: entre 2003 y 2015 habría funcionado una asociación ilícita liderada desde los niveles más altos del Poder Ejecutivo y ejecutada por funcionarios del Ministerio de Planificación. Esta estructura, según la fiscal, estaba orientada a recaudar fondos ilegales provenientes de empresas vinculadas a la obra pública y a otras áreas del Estado.
A medida que se acerca el cierre de la etapa de lectura de los testimonios de los imputados colaboradores, se espera que el tribunal avance hacia la valoración de la prueba y la acusación formal sobre cada uno de los involucrados. El juicio promete extenderse, dado el volumen de documentación, la cantidad de imputados y la complejidad de la trama, que incluye movimientos de dinero, viajes, reuniones privadas y años de intercambios entre funcionarios y empresarios.
En Salta, donde muchos recuerdan los años en los que desde el interior del país se seguían con atención las decisiones de Planificación por su impacto directo en obras viales, energéticas y de infraestructura, el debate judicial mantiene particular interés. Los saltos en la ruta de los fondos, las presuntas presiones y la dinámica de recaudación forman parte de una historia que redefinió la política reciente en la Argentina y cuyas consecuencias aún se discuten a nivel nacional.
Lo cierto es que este juicio, considerado uno de los más grandes en la historia judicial del país, promete seguir aportando capítulos que profundicen la comprensión del entramado político y económico de los años kirchneristas. Y mientras continúan las audiencias, las declaraciones de arrepentidos y empresarios siguen siendo piezas clave para reconstruir una década marcada por sospechas, maniobras ilegales y negociaciones paralelas al funcionamiento institucional. La causa avanza, y con ella, la expectativa de saber cuál será finalmente la responsabilidad que el tribunal atribuirá a cada uno de los imputados.
