La Cámara Nacional Electoral fue formalmente informada sobre la aplicación de la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos que recae desde ayer sobre Cristina Fernández de Kirchner, junto con otros exfuncionarios, tras la confirmación de sus condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa Vialidad.
La notificación llegó mediante un oficio enviado por Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, quien comunicó a la Cámara los detalles del fallo emitido el 6 de diciembre de 2022 al finalizar el juicio oral, que recientemente quedó firme tras la decisión del máximo tribunal.
Los detalles del fallo comunicado a la Cámara
“Este tribunal dispuso -en lo que aquí interesa- la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, indica el documento remitido por el tribunal.
En la causa, la ex presidenta fue condenada por ser considerada “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Otros condenados en la misma causa
Junto a Cristina Kirchner, también quedaron alcanzados por la inhabilitación especial perpetua otros exfuncionarios implicados en la causa. Entre ellos, el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, además de varios exresponsables de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes todas las condenas en la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas, bajo la figura penal de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Efectos jurídicos y administrativos
La notificación oficial a la Cámara Nacional Electoral implica que se hará efectiva la inhabilitación para todos los mencionados, con efectos directos sobre su posibilidad de participar en cargos electivos o ejercer funciones públicas. La resolución del máximo tribunal dejó sin margen de apelación el fallo que ya había sido dictado por el Tribunal Oral Federal N°2.
Con esta decisión judicial, la situación procesal de Cristina Kirchner y de los demás exfuncionarios quedó consolidada, cerrando uno de los capítulos judiciales más relevantes de los últimos años relacionados con el manejo de fondos públicos.