En un contexto de crecientes desafíos en materia de seguridad, el Operativo Roca, desplegado en la frontera norte de Argentina, se consolida como una respuesta estratégica y efectiva del Estado para combatir el narcotráfico y el terrorismo, respetando los marcos legales vigentes.
Este operativo, habilitado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1112/2024 y la resolución 347/2025, representa un esfuerzo conjunto de las Fuerzas Armadas para fortalecer la seguridad en una región crítica, sin transgredir los límites establecidos por la Ley de Defensa Nacional.
En una reciente audiencia virtual presidida por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se desestimó un hábeas corpus presentado por organizaciones de derechos humanos de Salta, lideradas por la Asociación Miguel Ragone. La acción buscaba declarar la inconstitucionalidad de los decretos que sustentan el Operativo Roca, alegando una supuesta militarización de la seguridad interior. Sin embargo, la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco, defendió con solidez la legalidad y pertinencia de la operación, calificando el hábeas corpus como “improcedente” y basado en una “interpretación distorsionada” de la normativa.
Carrasco destacó que el Operativo Roca es una “operación militar” claramente delimitada, enfocada en la protección de la soberanía nacional frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo. Subrayó que las reglas de empeñamiento militar, lejos de vulnerar derechos, están diseñadas para garantizar la seguridad de las fuerzas y limitar su accionar a la “aprehensión en flagrancia” de civiles, conforme al Código Federal. Estas reglas, de carácter reservado, constituyen un resguardo operativo que no implica detenciones arbitrarias, sino un marco claro para actuar frente a situaciones de delito evidente.
El Operativo Roca ha demostrado ser un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, optimizando los recursos de las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia y control fronterizo. La participación de altos funcionarios, como el general de brigada Cristian Pablo Pafundi, comandante de Operaciones Conjuntas, y el director General de Asuntos Jurídicos, Augusto Guruciega, refleja el compromiso del Ministerio de Defensa con una ejecución transparente y profesional. Además, la validez de los decretos, no objetada por el Congreso, refuerza la legitimidad de esta iniciativa.
Pese a las críticas de las organizaciones demandantes, que señalaron el uso de un decreto de 1944 y la falta de acceso público a las reglas de empeñamiento, el Ministerio de Defensa reafirmó que el operativo opera dentro de un marco legal robusto. La confidencialidad de ciertas normativas, lejos de ser un obstáculo, responde a necesidades operativas y de seguridad nacional, asegurando que las acciones se desarrollen con eficacia y sin comprometer la estrategia frente a las amenazas.
El Operativo Roca no solo fortalece la presencia del Estado en una zona vulnerable, sino que también envía un mensaje claro: Argentina no cederá terreno ante el narcotráfico ni el terrorismo. La apelación anunciada por los actores del hábeas corpus no opaca los logros de esta operación, que se perfila como un modelo de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones democráticas, garantizando seguridad sin comprometer los derechos fundamentales. La transparencia exigida por las organizaciones, lejos de ser un punto débil, será una oportunidad para que el Operativo Roca demuestre su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
