En las últimas horas se conoció una nueva denuncia penal por violencia de género contra otro concejal libertario. Maximiliano Casasola, salteño militante de La Libertad Avanza Salta. La denuncia vuelve a colocar al espacio libertario local en el centro de la escena pública por situaciones judiciales que involucran a sus representantes en graves hechos de violencia.
Según el texto de la presentación, la denunciante manifestó haber mantenido “una relación de 10 años aproximadamente, sin hijos, la cual se encontraba en concubinato” con el edil, conviviendo en el barrio Castañares de la ciudad de Salta. Los hechos relatados se habrían iniciado el 16 de diciembre de 2025, en el marco de una discusión vinculada —según consta en la denuncia— a un viaje que el acusado realizaría a las provincias de Jujuy y Buenos Aires junto a “una femenina de nombre Mily”, situación que generó sospechas de infidelidad.
De acuerdo al escrito, al momento del reclamo “este se tornó agresivo, vociferando insultos denigrantes hacia su persona”. Posteriormente, se detalla que el 20 de diciembre, ya de regreso, ambos mantuvieron “una discusión durante todo el día”, en la que la mujer volvió a reclamarle si la había engañado. Allí, siempre según el texto presentado ante la autoridad interviniente, el concejal “nuevamente se tornó molesto y agresivo para luego realizarle un golpe tipo (patada) en sus piernas”.
En la misma declaración, la denunciante agrega que “también le realizó golpes en los brazos del acusado”, señalando que durante la relación “siempre hubo violencia entre ambos”. Tras lo sucedido, indicó que decidió retirarse al domicilio de sus padres “por temor al acusado”, dejando de convivir con él.
Otro de los pasajes más sensibles del escrito refiere a la presunta continuidad del hostigamiento. La mujer sostiene que el concejal “va al domicilio donde actualmente se encuentra residiendo (…) mandándole mensajes vía WhatsApp que se encontraba afuera de la morada, sintiéndose acosada”. En función de ello, solicitó “una prohibición de acercamiento hacia la dicente, al domicilio actual, y hacia su grupo familiar, y que el acusado y su grupo familiar no le envíen mensajes”.
Hasta el momento no trascendió públicamente la versión del concejal ni si se adoptaron medidas cautelares por parte de la Justicia. Tampoco se informó oficialmente si el espacio político al que pertenece emitirá algún pronunciamiento institucional frente a la situación.
La denuncia contra Casasola adquiere relevancia adicional por el contexto político interno. Se trata del segundo concejal del espacio La Libertad Avanza Salta que enfrenta una situación judicial de estas características. El antecedente inmediato es el de Pablo López, también integrante del mismo bloque, quien fue denunciado previamente y cuya situación —según se señaló en su momento— reviste gravedad por la naturaleza de los hechos atribuidos.
En aquel caso, López asumió públicamente la existencia de la denuncia, aunque el proceso judicial continúa su curso. La reiteración de episodios que involucran a concejales del mismo espacio político abre interrogantes sobre los mecanismos internos de selección de candidatos, contención institucional y posicionamiento frente a denuncias vinculadas a violencia de género.
Desde el punto de vista jurídico, corresponde recordar que toda denuncia constituye el inicio de una investigación y, aunque sea vigente el principio de presunción de inocencia hasta tanto exista una resolución firme, tratándose de funcionarios públicos electos los hechos denunciados adquieren inevitablemente dimensión institucional y política.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta no se ha pronunciado aún sobre el tema, y se espera que en las próximas horas puedan conocerse definiciones tanto del cuerpo legislativo como del propio bloque libertario.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa la conducta privada de dirigentes con responsabilidades públicas y reaviva el debate sobre cómo deben actuar los espacios políticos ante denuncias de esta naturaleza, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran presunta violencia en el ámbito de relaciones familiares.
La evolución judicial del expediente determinará el curso de los acontecimientos, pero el impacto político ya está planteado.
Denuncia por violencia de género
Denuncia por violencia de género
