En una movida que ya genera repercusión en la política regional, el Senado de la Provincia de Salta aprobó un proyecto de declaración solicitando al Ejecutivo nacional la suspensión de planes y beneficios sociales a ciudadanos extranjeros que no residen efectivamente en el país. La propuesta apunta a redireccionar esos recursos hacia sectores vulnerables, como personas con discapacidad y jubilados que perciben la mínima.
La iniciativa fue respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Alta provincial, y surge como respuesta a una problemática recurrente en zonas fronterizas del norte argentino, donde se detecta que muchos beneficiarios de programas sociales cruzan periódicamente desde países limítrofes para cobrar sus asignaciones, sin vivir ni trabajar en Argentina.
Desde la Legislatura salteña consideran que esta situación representa un uso ineficiente e injusto de fondos públicos, en un contexto donde la demanda por una mejora en los haberes jubilatorios y las pensiones por discapacidad es cada vez más urgente. El planteo pone el foco en garantizar que los recursos estatales lleguen realmente a quienes viven en el país y enfrentan día a día el impacto de la crisis económica.
El senador por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, expresó durante el debate que la medida se fundamenta en un reclamo legítimo de miles de ciudadanos salteños, que ven cómo sus ingresos pierden valor mes a mes mientras se sostiene un sistema que, según afirmó, "beneficia a personas que no aportan ni mantienen una relación económica o social con la Argentina".
Sin embargo, desde el ámbito legislativo dejaron en claro que la medida no apunta contra los inmigrantes en general, ni contra quienes residen legalmente en el país y cumplen con sus obligaciones. La preocupación se concentra en quienes, sin vivir en territorio argentino ni realizar actividad alguna aquí, acceden a planes que originalmente están pensados para acompañar a los sectores más golpeados por la situación económica.
El reclamo no es nuevo, pero esta vez fue formalizado a través de una declaración oficial que, si bien no tiene carácter vinculante, busca ejercer presión política para que la administración nacional revise los criterios de otorgamiento de beneficios sociales, especialmente en regiones limítrofes como Salta, donde estas prácticas son más visibles.
En los departamentos del norte provincial, como San Martín, Orán y Rivadavia, la preocupación es constante. Allí, la circulación cotidiana de personas extranjeras es parte de la vida diaria, y desde hace años vecinos y autoridades locales vienen advirtiendo sobre situaciones en las que ciudadanos de países vecinos acceden a beneficios sin residir en Argentina. A eso se suma la creciente dificultad para los jubilados locales de cubrir gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios básicos con los montos actuales.
El proyecto aprobado en el Senado propone que el dinero actualmente destinado a esos beneficiarios no residentes se reasigne directamente a mejorar las pensiones por discapacidad y los haberes mínimos que paga ANSES. Se trata, según expresaron los legisladores, de una cuestión de justicia distributiva y de sentido común en un momento donde los recursos estatales son escasos y las necesidades, múltiples.
Desde el oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de plantear este tipo de discusiones de cara a una posible reforma del sistema de asistencia social en Argentina, que contemple realidades concretas como las de las provincias fronterizas. También remarcaron que la iniciativa no busca generar divisiones ni estigmatizar a ningún colectivo, sino priorizar a quienes efectivamente viven en el país y están siendo postergados.
Con esta declaración, Salta vuelve a posicionarse como una de las provincias que reclama una distribución más equitativa de los fondos nacionales. Mientras tanto, la pelota queda del lado del Gobierno central, que deberá evaluar si toma nota del reclamo y avanza en una revisión del padrón de beneficiarios de planes sociales.
Por lo pronto, el mensaje político desde la Legislatura salteña fue claro: en un contexto de crisis, cada peso cuenta, y debe llegar primero a quienes viven y aportan en el país. Para muchas familias salteñas, la mejora en una jubilación mínima o una pensión por discapacidad no es un detalle: es la diferencia entre poder sostenerse o caer en la indigencia.
