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CRISIS

Al borde del colapso: peligra el transporte para personas con discapacidad en Salta

Transportistas denuncian pagos atrasados, aranceles congelados y costos imposibles de sostener.

Al borde del colapso: peligra el transporte para personas con discapacidad en Salta

El sistema de transporte para personas con discapacidad en Salta está en una situación límite. Con tarifas congeladas desde diciembre de 2024 y pagos atrasados por hasta cinco meses, más del 30% de los transportistas ya abandonaron la actividad. La falta de actualización del nomenclador nacional, que fija los aranceles que pagan las obras sociales, llevó al sector a una crisis que amenaza con paralizar un servicio esencial.

En la provincia hay cerca de 250 licencias habilitadas, con al menos dos trabajadores por cada una. Pero sostener el servicio se volvió inviable: los costos suben mes a mes —con el combustible a más de $1.100 por litro—, mientras que el valor que perciben por kilómetro recorrido sigue clavado en $500 desde hace diez meses. “Estamos ganando un 30% de lo que ganábamos antes”, advierten desde el sector.

Además de los costos operativos, los transportistas deben abonar habilitaciones que superan los $100.000, seguros obligatorios, impuestos provinciales y el canon anual exigido por los organismos de control. Todo esto debe pagarse por adelantado, mientras el ingreso llega meses después —cuando llega.

Frente a esta realidad, muchos ya trabajan en otras actividades para poder subsistir. Algunos combinan traslados con aplicaciones de transporte, otros venden comida o hacen changas. La mayoría lo hace por vocación, pero ya no pueden seguir financiando un sistema que claramente se cayó.

La preocupación crece entre las familias salteñas que dependen del servicio para llevar a sus hijos a las escuelas especiales o a los centros terapéuticos. La continuidad de tratamientos y actividades educativas está en riesgo.

Desde el sector acusan al Gobierno nacional de desatender la problemática: “Atrás del déficit cero hay personas con discapacidad, familias, trabajadores. No somos un número más”.

En medio de la incertidumbre, transportistas, terapeutas y familias organizan movilizaciones para exigir una solución urgente. Advierten que si no hay actualización de los valores y regularización de los pagos, el sistema podría dejar de existir en cuestión de semanas.


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