La crisis económica empieza a sentirse con más fuerza en los hogares salteños y los números lo reflejan con claridad. En los últimos ocho meses, la Defensoría del Pueblo de Salta registró un incremento del 50% en los pedidos de asistencia y reclamos, con un cambio significativo en el tipo de problemáticas que llegan al organismo.
Según advirtió el defensor del pueblo, Federico Núñez Burgos, hoy la principal preocupación de los vecinos ya no pasa por conflictos con obras sociales, como ocurría el año pasado, sino por la imposibilidad de afrontar gastos básicos como las tarifas de servicios públicos y las deudas acumuladas en tarjetas de crédito.
El dato marca un giro preocupante en el perfil de la demanda. “Hemos tenido un aumento de la demanda de al menos un 50%”, señaló el funcionario, al tiempo que alertó que la situación ya no afecta únicamente a los sectores más vulnerables, sino también a familias de clase media que hasta hace poco lograban sostener sus gastos sin mayores inconvenientes.
Uno de los puntos más críticos está vinculado al pago de servicios esenciales. Cada vez son más los salteños que se acercan a la Defensoría porque no pueden abonar las boletas de luz, agua o gas, o directamente porque ya sufrieron la interrupción del servicio.
En este escenario, los reclamos contra empresas prestadoras crecieron de manera sostenida. “Vemos un aumento de pedidos de intervención frente a empresas de servicios públicos”, explicó Núñez Burgos. La situación se vuelve aún más compleja cuando las familias deben enfrentar los costos adicionales para restablecer las prestaciones.
El problema de las reconexiones aparece como uno de los más urgentes. Cuando se produce el corte, los usuarios no solo deben cancelar la deuda acumulada, sino también afrontar cargos extra que, en muchos casos, resultan imposibles de pagar en el corto plazo. “El problema más acuciante lo tienen con las reconexiones, porque hay gastos adicionales que no pueden afrontar”, detalló.
En paralelo, el endeudamiento con tarjetas de crédito crece como una estrategia de supervivencia. Muchas familias recurren al financiamiento para cubrir alimentos, medicamentos o servicios, lo que genera un efecto en cadena difícil de revertir. “La gente se endeuda para comer”, resumió el defensor, graficando la gravedad del contexto.
Esta dinámica no solo compromete el presente de los hogares, sino que también condiciona su futuro financiero. El uso intensivo del crédito, sumado a tasas elevadas y a ingresos que no logran recomponerse, termina generando una espiral de deuda que impacta directamente en la calidad de vida.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo cumple un rol clave como intermediaria. El organismo interviene en conflictos entre usuarios y empresas, buscando alternativas que permitan evitar cortes o facilitar la reconexión de servicios en casos urgentes.
Según explicó Núñez Burgos, en varias situaciones se lograron acuerdos para restablecer prestaciones, especialmente cuando se trata de familias que atraviesan dificultades económicas comprobables. Sin embargo, advirtió que la intervención es más efectiva cuando se realiza de manera preventiva.
“Siempre le pedimos a la gente que no llegue al corte, porque después es mucho más difícil”, señaló. En ese sentido, recomendó acudir al organismo ante los primeros inconvenientes para intentar gestionar soluciones antes de que la deuda se agrave.
El trabajo se realiza en articulación con el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y con las empresas prestatarias, que —según indicaron— muestran cierto nivel de receptividad ante los planteos.
En Salta, donde el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo se siente con fuerza, la situación plantea un desafío creciente tanto para las familias como para las instituciones. La dificultad para afrontar gastos básicos se convierte en un indicador directo del deterioro económico.
Además, el aumento de la demanda en la Defensoría refleja un fenómeno más amplio: cada vez más personas necesitan asistencia o mediación para resolver situaciones que antes podían manejar de forma individual.
El escenario también abre interrogantes sobre la evolución de los próximos meses. Si bien algunos indicadores económicos muestran cierta estabilidad, en la práctica cotidiana muchos hogares siguen ajustando gastos y priorizando consumos esenciales.
En ese contexto, el acceso a servicios básicos y la posibilidad de sostenerlos sin caer en endeudamiento se vuelve un eje central. La advertencia de la Defensoría no solo expone una realidad, sino que también funciona como señal de alerta sobre el estado actual de la economía en la provincia.
Por ahora, el organismo continúa recibiendo consultas y trabajando en cada caso particular, mientras crece la preocupación por una tendencia que, lejos de revertirse, parece profundizarse con el paso de los meses.
