La causa judicial que tiene como principal acusado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Fiscalía apelara una decisión que modifica de manera sustancial el alcance del peritaje contable previsto para marzo. Los fiscales del caso denunciaron que el recorte dispuesto por el juez deja afuera puntos centrales de análisis vinculados al entorno familiar del dirigente y podría condicionar el resultado de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El planteo apunta directamente contra la resolución adoptada por el juez federal Luis Armella, quien notificó cambios en el acta del peritaje después de una audiencia en la que, según la Fiscalía, se habían consensuado los ejes técnicos del estudio contable. Para los acusadores, la modificación fue “abrupta y arbitraria” porque elimina del análisis a la ex esposa del ex funcionario y suprime líneas de investigación relacionadas con los hijos.
En concreto, el magistrado resolvió desvincular del peritaje a Carolina Álvarez, ex esposa de Insaurralde, y dejar fuera del estudio contable los aspectos vinculados a los ingresos y bienes de Martín y Rodrigo Insaurralde. La medida generó un inmediato recurso de apelación por parte de los fiscales, que consideran indispensable examinar la totalidad del entramado patrimonial para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar activos o justificar incrementos patrimoniales que no cierran con los ingresos declarados.
El eje del conflicto gira en torno a la hipótesis de presuntos testaferros. Para el Ministerio Público Fiscal, excluir del análisis a la ex pareja y a los hijos limita la posibilidad de reconstruir con precisión el flujo de fondos y la eventual utilización de terceros para canalizar bienes o gastos. La investigación apunta a establecer si determinadas propiedades, movimientos societarios y cesiones de uso se corresponden con capacidades económicas reales o si fueron parte de un esquema de cobertura.
En el caso de Carolina Álvarez, la imputación se relaciona con la compra de lotes en el barrio privado Fincas de San Vicente en 2006, donde posteriormente se levantó una vivienda de grandes dimensiones en la que reside el ex funcionario. El argumento del juez para excluir ese punto del peritaje fue que la operación ocurrió antes del período formalmente investigado, que abarca de 2009 a 2023. Sin embargo, los fiscales sostienen que Insaurralde ya ejercía funciones públicas en aquel momento y que, por lo tanto, el análisis patrimonial no debería fragmentarse de manera artificial.
Respecto de los hijos del ex intendente, el recorte elimina del peritaje el estudio de sus actividades laborales y su participación en la firma SASAXA LIBERO S.A., sociedad que cedió de forma gratuita el uso de la vivienda de San Vicente a Insaurralde y a quien era entonces su esposa, la conductora Jésica Cirio. Esa cesión se produjo poco después de que los jóvenes adquirieran acciones de la compañía al alcanzar la mayoría de edad, un dato que para la Fiscalía merece un examen detallado.
El trasfondo de la causa remite al fuerte impacto público que tuvo el viaje de Insaurralde a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici en octubre de 2023. Las imágenes difundidas desde el yate “Bandido” desataron un escándalo político y judicial que puso bajo la lupa el nivel de gastos del entonces jefe de Gabinete bonaerense y su correspondencia con los ingresos formales declarados.
Según la acusación, entre 2021 y 2023 el ex intendente habría destinado alrededor de 78.000 dólares solo en pasajes aéreos, mientras que en ese mismo período sus ingresos oficiales rondaron los 33.000 dólares. Esa brecha es uno de los ejes centrales del peritaje contable, que buscará determinar si existen inconsistencias significativas entre lo que declaró y el estándar de vida que exhibía.
La investigación también contempla el análisis de 600.000 dólares secuestrados en el domicilio de Clerici, así como el patrimonio de Cirio y los supuestos aportes y donaciones que Insaurralde habría recibido de su ex pareja para justificar determinados gastos. Aunque estos puntos se mantienen en la hoja de ruta del peritaje, la Fiscalía entiende que dejar afuera al núcleo familiar directo debilita la posibilidad de obtener una radiografía completa del patrimonio.
En el plano procesal, los fiscales solicitaron que se revisen los cambios antes del inicio formal de la pericia, previsto para el 3 de marzo. La intención es que la instancia superior evalúe si corresponde restituir los puntos suprimidos y garantizar que el estudio contable se realice con el alcance originalmente acordado.
La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos se convirtió en uno de los expedientes de mayor repercusión política en los últimos tiempos en Argentina. Más allá de las discusiones técnicas, lo que está en juego es la determinación de si el crecimiento patrimonial del ex funcionario puede explicarse con ingresos lícitos o si existieron maniobras para encubrir bienes mediante terceros.
Desde el entorno del dirigente sostienen que no hubo irregularidades y que el patrimonio tiene respaldo documental. La Fiscalía, en cambio, insiste en que el análisis integral —incluyendo familiares y sociedades vinculadas— es clave para descartar o confirmar la hipótesis de un entramado financiero más amplio.
En este contexto, el foco está puesto en cómo se desarrollará el peritaje contable, una herramienta técnica que suele resultar determinante en causas de corrupción en Argentina. Los expertos deberán revisar declaraciones juradas, movimientos bancarios, adquisiciones de bienes, transferencias societarias y cualquier otro dato que permita reconstruir el circuito del dinero.
El desenlace de esta discusión procesal podría marcar el rumbo del expediente. Si la apelación prospera, el peritaje retomará el alcance inicial y abarcará nuevamente al entorno familiar. Si se confirma el recorte, el estudio avanzará con límites más estrechos, algo que para la acusación implicaría dejar zonas grises sin examinar.
Por ahora, la causa sigue sumando capítulos y tensiones judiciales. Con el inicio del peritaje cada vez más cerca, la disputa por su alcance anticipa que el proceso continuará bajo una fuerte lupa pública y política, en un expediente que ya dejó de ser solo un caso judicial para convertirse en un símbolo del debate sobre transparencia y control patrimonial en la función pública argentina.
