La Justicia condenó a un anestesiólogo por la muerte de un nene de cuatro años que ingresó caminando a un sanatorio para una cirugía programada y terminó con un daño neurológico irreversible que derivó en su fallecimiento. El tribunal consideró probado que el profesional se distrajo con su teléfono celular, dejó de controlar al paciente y se ausentó del quirófano en un momento clave de la intervención, una conducta que fue determinante para el desenlace fatal.
El caso tuvo como víctima a Valentín Mercado Toledo, quien fue sometido a una operación por una hernia diafragmática, una patología que no presentaba urgencia vital inmediata pero que los médicos recomendaron resolver quirúrgicamente. La intervención era considerada de baja complejidad y no existían antecedentes que hicieran prever complicaciones graves. Sin embargo, durante el procedimiento el niño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica luego de permanecer varios minutos sin oxigenación adecuada ni registros de presión arterial.
Según se estableció en el juicio, el anestesiólogo Javier Atencio Krause no realizó un monitoreo continuo del paciente y, en plena cirugía, abandonó el quirófano mientras utilizaba su teléfono celular para buscar un cargador. Esa ausencia coincidió con una obstrucción que no fue advertida a tiempo y que provocó que el niño quedara al menos diez minutos sin el aporte de oxígeno necesario, lo que desencadenó un paro cardíaco y un daño cerebral severo.
La sentencia determinó que el profesional incurrió en homicidio culposo por impericia y negligencia, al incumplir los protocolos básicos de seguridad anestésica y desatender su rol durante una instancia crítica. El tribunal concluyó que las acciones y omisiones del anestesiólogo fueron decisivas y que, de haberse actuado conforme a la lex artis médica, el resultado fatal podría haberse evitado.
Durante el debate oral se acreditó que el uso del teléfono celular se extendió durante aproximadamente veinte minutos en el transcurso de la cirugía y que el profesional no advirtió la falta de registros vitales en los monitores. También se comprobó que la sala de operaciones no contaba con un desfibrilador y que existían falencias en los controles clínicos, un contexto que agravó la situación cuando el niño entró en paro.
Valentín fue trasladado luego a terapia intensiva, donde permaneció internado con asistencia mecánica. Los estudios posteriores confirmaron un daño neurológico irreversible compatible con muerte cerebral. Tras varios días de angustia y espera, la familia tomó la decisión de desconectarlo, luego de que los médicos confirmaran que no había posibilidades de recuperación.
Además de las responsabilidades médicas, los padres del niño denunciaron un trato deshumanizado en los días posteriores a la cirugía, con falta de información clara y acompañamiento durante el proceso más crítico. Ese aspecto, si bien no formó parte central de la condena penal, fue mencionado durante el juicio como parte del contexto que rodeó el caso.
La fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión condicional y diez años de inhabilitación para ejercer la medicina, pedido que será evaluado por el juez al momento de fijar la condena definitiva. La resolución busca sentar un precedente en materia de responsabilidad profesional y reforzar la importancia del cumplimiento estricto de los protocolos en prácticas médicas de alto riesgo, aun cuando se trate de cirugías consideradas simples.
El fallo pone el foco en la seguridad del paciente y en el rol indelegable del anestesiólogo dentro del equipo quirúrgico. La anestesia es una práctica que requiere atención constante, vigilancia permanente de los signos vitales y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier imprevisto. La distracción, el abandono del quirófano o el uso de dispositivos personales durante una intervención son conductas incompatibles con esa responsabilidad.
El caso generó un fuerte impacto por tratarse de la muerte de un niño en un procedimiento programado, sin urgencia y con un pronóstico inicial favorable. Para la Justicia, no se trató de un error inevitable ni de una complicación imprevisible, sino de una cadena de negligencias que culminaron en una tragedia evitable.
La condena también reaviva el debate sobre los controles en clínicas y sanatorios, la disponibilidad de equipamiento básico en los quirófanos y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión profesional. En un sistema de salud donde la confianza entre pacientes y médicos es central, hechos como este dejan al descubierto las consecuencias devastadoras de la desatención y la falta de compromiso con las normas más elementales del ejercicio médico.
Con esta decisión judicial, el tribunal dejó en claro que la distracción y el incumplimiento de los deberes profesionales en el ámbito de la salud no son faltas menores, sino conductas que pueden tener consecuencias penales cuando ponen en riesgo la vida de los pacientes. En este caso, la omisión tuvo un costo irreparable: la vida de un nene que había ingresado a una cirugía de rutina y nunca volvió a salir del quirófano.
