La Facultad Regional Multidisciplinar de Tartagal emitió un contundente pronunciamiento tras las declaraciones del diputado por el Departamento San Martín, Nicolás Arce, quien había propuesto controles antidrogas a los docentes de la institución. Desde la casa de estudios aclararon que las acusaciones carecen de fundamentos y pueden generar un daño moral significativo dentro de la comunidad universitaria.
Según el comunicado oficial, los dichos de Arce se basan únicamente en comentarios aislados de estudiantes y no presentan pruebas fehacientes. “Esto hiere fuertemente a nuestro cuerpo docente y afecta la reputación de la universidad”, señalaron desde la Comisión de Interpretación y Reglamento de la facultad. Además, se remarcó que existen canales internos claros para que los alumnos puedan canalizar cualquier denuncia, garantizando la protección y el respeto hacia los docentes.
El pronunciamiento también destacó la importancia de la representación democrática dentro de la facultad. Los estudiantes cuentan con espacios en los Consejos directivos y otros órganos administrativos para expresar sus preocupaciones y denunciar situaciones que afecten a la comunidad. De este modo, la institución asegura que cualquier irregularidad se maneja por vías formales y transparentes, sin necesidad de recurrir a medidas públicas o mediáticas que puedan afectar la integridad del personal académico.
La respuesta de la facultad subraya que la iniciativa de Arce apunta a conductas individuales vinculadas a problemáticas de salud mental, asuntos que, según la casa de estudios, no deberían ser objeto de escrutinio público ni utilizados para desprestigiar a los docentes. “El diputado ha buscado generar un espectáculo mediático a costa de la integridad de nuestros profesionales, presentándose como garante moral sin fundamento”, indicaron desde la institución.
Consultado sobre posibles contactos para aclarar la situación, el decano Carlos Manjarres explicó que hasta el momento no se ha registrado comunicación alguna con el legislador ni con su entorno. Esto refuerza la postura de la facultad de mantener firme su defensa y resguardar a los docentes frente a acusaciones infundadas.
El pronunciamiento también advierte que la facultad se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales si se considera necesario, en coordinación con el equipo de asesoría jurídica de la universidad. Este paso se evaluará como una medida preventiva ante posibles daños a la reputación y la integridad moral del cuerpo docente.
La polémica generó debate en Tartagal y en toda la provincia de Salta, donde la educación universitaria enfrenta desafíos constantes y donde la defensa de los docentes es un tema sensible. En un contexto regional marcado por la preocupación por la calidad educativa y la protección de los trabajadores, la posición de la facultad busca transmitir seguridad tanto a estudiantes como al personal académico.
Especialistas en educación y derecho universitario señalan que acusaciones mediáticas sin pruebas pueden tener consecuencias legales y sociales importantes. La estrategia de la facultad de Tartagal apunta a reafirmar la institucionalidad y la transparencia, evitando que cuestiones individuales se conviertan en polémicas públicas que afecten la confianza en el sistema educativo.
Con esta postura, la Facultad Regional Multidisciplinar de Tartagal envía un mensaje claro: respalda a sus docentes, garantiza mecanismos internos de denuncia para los estudiantes y rechaza cualquier intento de usar la salud o la conducta individual de los profesionales para fines políticos o mediáticos. La defensa de la integridad académica se consolida así como prioridad central en la gestión universitaria en la región.
