La ciudad de Salta amaneció hoy con un nuevo capítulo en el conflicto docente que mantiene en vilo al sistema educativo provincial.
Desde las 10 de la mañana, los maestros nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) se concentran en la Escuela Normal, en el corazón de la capital, para marchar hacia el centro en una movilización que promete visibilizar el malestar del sector. La protesta, encabezada por la secretaria general del gremio, María Victoria Cervera, busca presionar al gobierno provincial por respuestas concretas a un pliego de demandas que incluye mejoras salariales, el blanqueo del Código 690 y la devolución de los descuentos aplicados a quienes participaron en medidas de fuerza previas.
El paro docente, que comenzó el lunes 11 de agosto y se extenderá hasta el jueves 14, es parte de un plan de lucha progresivo que fue votado por unanimidad en una asamblea gremial realizada el sábado pasado. La medida, según Cervera, refleja el hartazgo de los educadores frente a lo que consideran una “falta de voluntad” del Ejecutivo provincial para atender los reclamos del sector. “No vamos a permitir que se siga vulnerando nuestro derecho a la huelga ni que se nos castigue con descuentos por pelear por un salario digno”, expresó la dirigente, quien también anunció que esta tarde, en la sede de Sitepsa, se llevará a cabo una nueva asamblea para definir los pasos a seguir en el conflicto.
El impacto del paro ya se siente en las escuelas salteñas, aunque los niveles de adhesión varían según la institución y el turno. En la Escuela Domingo F. Sarmiento, por ejemplo, los datos preliminares muestran una participación dispar: en el turno mañana, con 17 grados en total, solo dos docentes adhirieron al paro el lunes y cuatro lo hicieron este martes. En el turno tarde, con 19 grados, la adhesión alcanzó el 30% el primer día y trepó al 50% en la jornada de hoy, según relevamientos gremiales. Sin embargo, el dato más contundente llega desde el jardín inicial de la misma institución, donde las salitas de 4 y 5 años, tanto en el turno mañana como en el tarde, registraron un acatamiento del 100% durante ambos días. Estas cifras, aunque parciales, reflejan el creciente descontento en un sector que siente que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas en un contexto de inflación galopante.
El conflicto docente en Salta no es nuevo, pero se ha agudizado tras el cierre abrupto de las paritarias el pasado 30 de julio, cuando el gobierno del gobernador Gustavo Sáenz presentó una propuesta que los gremios consideraron insuficiente: un aumento del 14% en cuotas hasta diciembre, acompañado de un bono de $50.000. Para los maestros, esta oferta no solo está lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada —que estiman en más de un 45% en los últimos años—, sino que tampoco aborda demandas estructurales como el blanqueo del Código 690, un ítem salarial que los docentes reclaman incorporar al básico para que impacte en sus jubilaciones. Además, exigen que los futuros aumentos se calculen sobre la base del mes anterior y no de diciembre de 2024, como propone el gobierno, para evitar que los incrementos queden desfasados por la inflación.
La situación económica de los docentes salteños es, según los gremios, cada vez más crítica. Muchos maestros deben trabajar en dos o tres cargos para llegar a fin de mes, y los salarios iniciales, que rondan los $560.000 según los últimos recibos de sueldo, están muy por debajo de la canasta básica total, que el INDEC estimó en más de $1.100.000 para una familia tipo en junio de 2025. “Es insostenible. Con lo que cobramos no llegamos ni a cubrir los gastos esenciales. Muchos colegas están endeudados, ‘tarjeteando’ para sobrevivir”, señaló una docente de la Escuela Normal que prefirió mantener su nombre en reserva. Este panorama, sumado a la aplicación de descuentos por días no trabajados y faltas injustificadas, ha encendido la chispa de la bronca en las bases docentes.
El gobierno provincial, por su parte, mantiene una postura firme. Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo de Cristina Fiore, se ratificó que los descuentos a los docentes que adhieran al paro son legales y están respaldados por la Ley N° 6821, que regula el derecho a huelga en la provincia. Según fuentes oficiales, el acatamiento al paro del viernes pasado, previo a esta nueva tanda de medidas de fuerza, fue bajo, con un promedio del 10% a nivel provincial. Sin embargo, desde Sitepsa sostienen que la adhesión fue significativamente mayor, estimada entre 8.000 y 9.000 docentes, y que el impacto se sintió con más fuerza en el interior, en localidades como Cachi, Payogasta, La Viña y Coronel Moldes, donde algunas escuelas reportaron paralizaciones cercanas al 100%.
La marcha de hoy, que partirá desde la Escuela Normal hacia el centro de la ciudad, no solo busca visibilizar las demandas docentes, sino también unir fuerzas con otros sectores en lucha, como los docentes autoconvocados y los trabajadores de la salud y la administración pública, que también han expresado su descontento con las políticas salariales del gobierno. “La unidad es clave. No podemos seguir divididos mientras el ajuste nos golpea a todos por igual”, afirmó Cervera, quien llamó a los docentes a participar masivamente en la movilización y en la asamblea de esta tarde.
El conflicto docente en Salta, que suma ya varios días de paro desde el regreso del receso invernal, pone en jaque el normal desarrollo del ciclo lectivo. Padres y madres de alumnos, aunque comprenden las demandas de los maestros, comienzan a manifestar su preocupación por las clases perdidas, especialmente en un año donde la inflación y la crisis económica afectan a toda la comunidad educativa. “Entiendo que los docentes pelean por su derecho, pero nuestros hijos también necesitan aprender. Es una situación complicada para todos”, comentó una madre de un alumno del nivel primario en la Escuela Sarmiento.
Mientras tanto, la asamblea de esta tarde en la sede de Sitepsa será un momento clave para definir el rumbo de las medidas de fuerza. Entre las opciones que se barajan, según fuentes gremiales, está la posibilidad de extender el paro más allá del jueves o de organizar nuevas movilizaciones, como una marcha de antorchas similar a la realizada a fines de julio. Lo que está claro es que la docencia salteña no está dispuesta a dar el brazo a torcer. “Vamos a seguir en la calle hasta que el gobierno nos escuche de verdad. No queremos migajas, queremos un salario que nos permita vivir dignamente”, cerró Cervera.
