El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante capitalino, Gustavo Farquharson, salió con los tapones de punta contra el concejal libertario Pablo Emanuel López, quien renunció luego de ser acusado de pedir favores sexuales a una militante a cambio de plata. El edil del bloque “Vamos por Salta” pidió no aceptar la renuncia del libertario, y en cambio, iniciar un juicio político para destituirlo formalmente.
“Esto no puede quedar así nomás”, dijo Farquharson en declaraciones a medios locales. “Estamos hablando de un funcionario público, denunciado por ejercer violencia de género desde una banca. No se puede ir por la puerta chica como si nada”, sentenció. El concejal sostuvo que López incurrió en conductas que “violan la Carta Municipal” y que el proceso político de remoción es la herramienta institucional correcta para este tipo de situaciones.
Farquharson apunta al uso de la herramienta constitucional
Farquharson explicó que la Constitución Nacional, la Carta Orgánica Municipal de Salta y el reglamento interno del Concejo Deliberante contemplan el juicio político como medida ante faltas graves de funcionarios. En este sentido, subrayó que el caso de López no es una simple renuncia, sino un escándalo que mancha la institucionalidad.
“No alcanza con que se vaya. Porque si solo acepta el Concejo su renuncia, queda habilitado para asumir nuevamente en diciembre”, advirtió. Y agregó: “Yo no quiero que eso pase. No quiero que esta persona vuelva a representar a ningún salteño en esta institución”.
El concejal libertario Pablo Emanuel López, de 26 años, fue denunciado por una militante de su mismo espacio político, quien aseguró que fue presionada por el edil para realizar favores sexuales a cambio de beneficios económicos. Los hechos fueron presentados ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que ya activó medidas de protección para la denunciante, incluyendo un botón antipánico.
En medio del escándalo, el ahora exconcejal presentó su dimisión al cuerpo legislativo. Sin embargo, según Farquharson, la renuncia no borra los hechos ni las responsabilidades políticas. “Las instituciones deben dar un mensaje claro: no se puede ejercer violencia desde el poder y después simplemente irse. Tiene que haber consecuencias”, enfatizó.
