La Justicia federal avanza en una causa que investiga un presunto fraude millonario al Estado mediante la entrega de pensiones por discapacidad otorgadas de manera irregular en el departamento de Anta. Según confirmó el fiscal Carlos Amad, varios médicos están bajo investigación y no se descarta que funcionarios públicos hayan participado en la maniobra.
El caso, declarado “complejo” por la cantidad de documentos y los 17 allanamientos realizados, apunta a una red que habría utilizado certificados médicos falsos para obtener beneficios destinados a personas con discapacidad. Hasta ahora, más de 20 personas fueron notificadas de su situación en la causa.
La pesquisa comenzó tras un antecedente en Taco Pozo, Chaco, donde un médico firmaba certificados apócrifos. Al detectarse su domicilio en Anta, se cruzó información y se descubrieron coincidencias que dieron lugar a la nueva investigación. Según Amad, “en Salta se pagaban unas 56 mil pensiones por discapacidad, y al menos 10 mil habrían sido otorgadas de manera irregular solo en Anta”.
El fiscal trabaja con bases de datos de ANSES y ANDIS, auditorías y legajos médicos para reconstruir la cadena de responsabilidades. Si bien fue prudente al hablar de la posible participación de funcionarios, no descartó que la causa derive en la figura de asociación ilícita, por tratarse de una presunta red organizada que actuaba coordinadamente.
Amad aclaró que la investigación no persigue a las personas con discapacidad. “La ley protege a los beneficiarios. Nosotros investigamos el delito, no a quienes legítimamente reciben pensiones”, remarcó.
Los allanamientos permitieron secuestrar documentación médica y certificados que ahora serán analizados en detalle. Aún no hay imputaciones formales, pero se espera que las primeras audiencias se realicen cuando los peritajes estén completos.
La causa genera expectativa en Anta, donde vecinos y autoridades siguen de cerca los avances. El expediente evidencia cómo un sistema destinado a proteger a personas vulnerables puede ser vulnerado y cómo la Justicia busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
