La sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta quedó en el centro de una controversia luego de que el diputado provincial Nicolás Arce realizara declaraciones públicas en las que aludió a supuestas situaciones irregulares dentro del plantel docente y planteara la posibilidad de avanzar con controles específicos. La respuesta institucional no tardó en llegar y fue categórica: desde la universidad negaron que existan denuncias que respalden esas afirmaciones.
El decano de la sede Tartagal, Carlos Manjares, fue quien salió al cruce y aclaró que no hay registros de reclamos formales ni informales en ninguna de las áreas de la institución. Según explicó, hasta el momento no ingresó ninguna presentación que dé cuenta de situaciones como las mencionadas en el ámbito legislativo, lo que desestima el sustento de los dichos.
En ese sentido, desde la conducción universitaria también remarcaron que el legislador no habría realizado consultas previas antes de exponer el tema públicamente. Para las autoridades, este punto resulta clave, ya que consideran que, ante cualquier inquietud, existen canales institucionales adecuados para verificar información antes de llevarla al debate público.
Lejos de esquivar la discusión, la universidad puso en valor que cuenta con protocolos internos para abordar situaciones sensibles que involucren a su personal. Estos mecanismos contemplan distintos pasos de evaluación y acompañamiento, con el objetivo de intervenir de manera responsable y sin afectar derechos individuales. Según indicaron, el enfoque institucional prioriza la contención y el análisis antes que cualquier tipo de medida automática.
La polémica se originó en el marco de un debate legislativo que inicialmente estaba vinculado a la cesión de terrenos para la universidad en la zona de Los Andes. Sin embargo, la intervención del diputado introdujo un planteo distinto, al mencionar presuntas conductas de docentes y sugerir la posibilidad de implementar controles como narcotest en el ámbito académico.
A partir de esas declaraciones, se abrió un debate más amplio que excede el caso puntual y que involucra cuestiones de fondo como el rol de las instituciones educativas, los límites del control estatal y la responsabilidad al momento de realizar afirmaciones públicas sobre situaciones sensibles. En el ámbito universitario consideran que este tipo de expresiones, cuando no están acompañadas de pruebas concretas, pueden generar confusión y afectar la imagen institucional.
Mientras tanto, desde la UNSa Tartagal sostienen que la actividad académica se desarrolla con normalidad y que no se han registrado episodios que ameriten medidas excepcionales. En esa línea, insisten en que, de existir alguna situación que requiera intervención, la universidad dispone de herramientas internas para abordarla de manera adecuada.
El cruce entre el legislador y la universidad dejó planteado un escenario de tensión que, por ahora, se mantiene en el plano declarativo. No obstante, el episodio volvió a poner en agenda la importancia de los mecanismos de verificación, el uso responsable de la información y la necesidad de canalizar inquietudes a través de los ámbitos institucionales correspondientes, especialmente cuando se trata de temas que involucran a la educación pública en la provincia de Salta.
