El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al papa León XIV una carta en la que cuestiona al Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclama el respeto de las decisiones del Congreso y la Justicia.
El documento, de tres páginas, fue presentado durante una audiencia pública, antes de la prevista visita del Sumo Pontífice a la Argentina. Allí se describe la situación que atraviesan las universidades públicas y las dificultades que enfrenta el sistema científico nacional.
En la carta, el CIN sostiene que el Poder Ejecutivo desconoce la Ley 27.795, aprobada por el Congreso, y desoye los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. También advierte que el conflicto excede la cuestión presupuestaria y compromete el respeto por las instituciones democráticas.
Uno de los puntos centrales del documento es la caída de los recursos destinados a las universidades nacionales. Según los datos incluidos por el organismo, la inversión pasó de representar un promedio del 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% proyectado para 2026.
Para el CIN, esa cifra representa el nivel más bajo de inversión en el sistema universitario argentino y pone en riesgo actividades esenciales, como la investigación, la extensión universitaria, la actualización tecnológica y la compra de equipamiento.
Además, el organismo alertó sobre las dificultades que esta situación puede generar para miles de estudiantes que buscan completar sus carreras y obtener un título universitario.
Tras el encuentro, Bartolacci explicó que consideró importante acercarle al Papa información precisa sobre la realidad de la educación superior y la ciencia en el país.
También expresó su expectativa de que la presencia de León XIV contribuya a promover el diálogo y a fortalecer la convivencia social.
El titular del CIN describió al Pontífice como una persona amable y comprensiva, y destacó su atención a la situación argentina.
La entrega de la carta se suma a los reclamos de las universidades nacionales por el financiamiento del sistema público, en medio de la disputa con el Gobierno por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso.
