El sector del litio en la Argentina mostró un fuerte crecimiento en los últimos años en materia de producción, exportaciones y empleo. El mineral, clave en la confección de baterías a nivel mundial, paga la alícuota de retenciones más bajas de la economía. En el país los recursos mineros se encuentran en manos de las provincias, a diferencia del encuadre más “unitario” que tiene en Chile y Bolivia.
En base a los datos oficiales de los primeros 10 meses del año, que precisan ventas externas del complejo litífero argentino de USD 682 millones en ese período, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que el año cerraría con ventas externas por casi USD 900 millones y un crecimiento del 27% respecto de 2022.
La entidad también remarcó la fuerte baja en el precio de la tonelada de carbonato de litio en el último año desde los USD 80.000 por tonelada hasta los USD 15.000 sobre el cierre del año. Allí operó el impacto de la menor demanda de China sobre los vehículos eléctricos.
En el nivel de exportaciones es más difícil estimar la dinámica porque en la mayoría de los casos está atado a volúmenes y precios contractuales de provisión con los compradores. Es así que desde sectores del Gobierno anterior reclaman un sistema de precios mínimos para exportaciones y un registro de contratos.
Para tener en cuenta, en la Argentina la administración de los recursos naturales está en manos de las provincias mientras que la Nación define sobre el marco en el que se llevan adelante los negocios. Las jurisdicciones, con modalidades diferentes, cobran regalías por hasta un 3% del valor boca mina, es decir, el mineral previo a cualquier proceso descontando los costos de producción del mismo.
Esto abarca a las tres provincias litíferas del país: Salta, Jujuy y Catamarca. Un trabajo de Fundar realizó una explicación sobre las dinámicas en cada caso: “Cada una buscó promover objetivos distintos: Jujuy estableció incentivos adicionales para el procesamiento de los minerales en la provincia, Salta se propuso fortalecer las capacidades de control y los ingresos de la provincia vis-a-vis los municipios, y Catamarca procuró mejorar los ingresos fiscales de la provincia a través de la determinación de precios de referencia y tasas”.
De todos modos, vale aclarar que las provincias reciben solo el 15% del total recaudado sobre la actividad y el 85% restante queda en manos del Gobierno tal como señaló Fundar. La Nación, señalaron, recauda a partir del impuesto a las Ganancias, el IVA, que igualmente son coparticipables, y las retenciones, actualmente en 4,5%, cuyo ingreso queda en manos del Tesoro Nacional.
Sin embargo, la alícuota por derechos de exportación es las más bajas de la economía local seguida por Hidrocarburos, oro y plata, en 8 por ciento. Por otro lado, la soja paga actualmente 33% mientras que sus derivados (harina y aceite) 31%, mientras que el trigo y el maíz tributan el 12 por ciento.
En el caso de Chile, con algunas excepciones, el Estado nacional controla los recursos y no los concesiona a privados. En el país trasandino se adoptó una política de regalías móviles que aumentan en función del precio internacional del litio y que oscila entre el 6,8% y el 40%, dependiendo el mineral.
En Bolivia, el Gobierno tiene control absoluto sobre la extracción, explotación y producción de carbonato de litio. Las inversiones privadas se autorizan solo para una baja cantidad de actividades pero con foco en la industrialización del recursos. Las regalías que se establecieron son del 3 por ciento.
Argentina y estos dos países conforman lo que se denomina como el “triángulo del litio” en la región. Un informe de la consultora internacional Ernst & Young (EY), con datos al 2020, detalló que la carga tributaria tributaria efectiva para una empresa minera en el país es de alrededor de un 43,4% sobre la ganancia antes de impuestos (EBIT). Cabe aclarar que esa carga no incluye los derechos de exportación, del 4,5% en el caso del litio.
El reporte de EY consignó que la carga de tributos en Chile es superior: se encuentra el impuesto a la renta o impuesto corporativo (alícuota de 27%); impuestos a los accionistas (con alícuotas de 44,45% en su tramo máximo para inversores locales y de 35% para inversores extranjeros); el pago de patentes municipales y cánones mineros. A ello se suma, el recientemente aprobado royalty minero, el cual incorpora una regalía ad valorem de un 1% de las ventas, sumado a regalías sobre las utilidades con alícuotas progresivas dependiendo de los márgenes operacionales, y cuya aplicación comenzará a partir de 2024.
