Las empresas de transporte que operan los corredores del 1 al 8 reducirán las frecuencias de colectivos desde este martes 3 de noviembre, debido a los atrasos en los pagos de SAETA. Las prestatarias advirtieron que la situación financiera les impide garantizar el abastecimiento de combustible necesario para mantener las unidades en circulación.
La medida fue comunicada este lunes por las operadoras, que señalaron que todavía no recibieron los fondos correspondientes a septiembre y octubre. Según explicaron, la falta de acreditación de esos recursos afecta directamente el funcionamiento del servicio y la posibilidad de afrontar los gastos diarios.
Las empresas sostuvieron que el problema financiero llegó a un punto crítico y que agotaron su capacidad crediticia para comprar gasoil y otros insumos indispensables. Por ese motivo, resolvieron disminuir los servicios como una alternativa para evitar una paralización total del transporte.
En sus reclamos, las prestatarias aseguraron que realizaron distintas gestiones ante SAETA y el Gobierno provincial para conseguir una respuesta. También mencionaron pedidos de audiencia al ministro Ignacio Jarsún y encuentros con funcionarios de las áreas de Gobierno y Economía.
La reducción de frecuencias podría generar mayores tiempos de espera en las paradas y complicaciones para miles de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse a sus trabajos, escuelas, centros de salud y otras actividades.
Las operadoras advirtieron que la medida busca evitar un escenario más grave, aunque dejaron en claro que la continuidad del servicio dependerá de la regularización de los pagos pendientes.
La situación vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento del sistema de transporte y las dificultades que atraviesan las empresas para sostener los costos operativos.
Mientras tanto, los usuarios deberán estar atentos a posibles demoras y modificaciones en los recorridos habituales. Las prestatarias remarcaron que la recuperación de las frecuencias normales estará sujeta a que SAETA y el Gobierno provincial regularicen las obligaciones económicas pendientes.
