La Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante citó al exconcejal de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, para el martes 29 de julio a las 11 h. El pedido surge tras la difusión de un audio donde, supuestamente, condiciona parte del salario de una militante a cambio de favores sexuales. La investigación profundiza la pesquisa judicial y podría derivar en su destitución, según fuentes institucionales.
La filtración del audio se dio a conocer hace diez días en medios provinciales como Cadena Infinito y sitios digitales nacionales. En la grabación, el edil le decía a la denunciante: “Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, luego de haberse quedado con 200 mil de un sueldo bruto de 500 mil.
La mujer está representada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y recibió un botón antipánico como medida de protección.
La Justicia ya ordenó el secuestro del celular del exedil para analizar mensajes y audios relacionados. Simultáneamente, el Ministerio de Educación provincial inició un sumario para apartarlo de la docencia, dado que también se desempeñaba como profesor.
A nivel partidario, La Libertad Avanza lo expulsó por “traicionar los valores libertarios”, de acuerdo al comunicado del presidente provincial del partido.
En una sesión especial realizada días atrás, el Concejo Deliberante rechazó su dimisión y dispuso conformar la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial. La concejal Malvina Gareca adelantó que pedirán su destitución, aludiendo a un precedente: el caso del exconcejal “Pitu” Colque, expulsado en 2022 tras denuncias por violencia de género . El documento de la comisión prevé recibir los antecedentes de la Fiscalía, analizar el audio y convocar a López para que explique su versión.
La denuncia proviene del mismo espacio político de López. La denunciante, Estela Méndez Valerio, era convencional municipal por LLA y trabajaba en su despacho, algo que refuerza el peso de la acusación. Según medios como La Nación y Ambito, la joven relató un patrón de presión económica y abuso de poder que habría durado desde 2019, con prestaciones salariales condicionadas a favores sexuales y violencia psicológica
Dentro del Concejo y la sociedad salteña existe un fuerte repudio: organizaciones feministas y dirigentes políticos locales se manifestaron contra la “cultura de impunidad” en ámbitos legislativos. Eso se evidencia en la rapidez con que se dispusieron el rechazo de la renuncia y el armado de la comisión especial.
