El último domingo 26 de octubre, el pequeño municipio salteño de Aguas Blancas volvió a quedar bajo la lupa nacional. En las elecciones generales, apenas el 33,8% de los 5.792 electores habilitados se acercó a votar, un nivel de participación inusualmente bajo incluso para una zona históricamente afectada por el ausentismo. De los padrones locales surgieron fuertes sospechas de adulteración y falsificación de domicilios, irregularidades que hoy son materia de investigación judicial.
El operativo electoral se desarrolló con un fuerte dispositivo de control en la frontera con Bermejo (Bolivia), en el marco del Plan Güemes, con participación de fuerzas federales, Migraciones y organismos provinciales. Durante la jornada, agentes del Ministerio Público Fiscal, encabezados por el fiscal federal Ricardo Toranzos, supervisaron las tareas para prevenir posibles delitos vinculados al padrón electoral.
Según las investigaciones, más de 2.000 inscripciones habrían sido realizadas con datos falsos, lo que implica que numerosos votantes figuraban con domicilios inexistentes o residencias fraguadas en territorio argentino. Este tipo de maniobras no solo afecta la transparencia de los comicios, sino que también habría sido utilizada para acceder a beneficios sociales y previsionales, lo que derivó en la apertura de causas por fraude al Estado.
El fiscal Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Justicia Federal de Salta, instruyó actuaciones por posibles delitos penales federales como falsedad ideológica, adulteración de datos personales y uso de documentación apócrifa. Los investigadores buscan determinar si detrás de las irregularidades se ocultan redes más amplias, vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico o la trata de personas, que podrían haber aprovechado los mecanismos de inscripción irregular para fines ilícitos.
La decisión de reforzar los controles fronterizos tuvo un efecto inmediato: la participación cayó drásticamente. De hecho, en las elecciones provinciales del 11 de mayo, cuando también se aplicaron medidas similares, solo votó el 24,6% del padrón, lo que ya había sido considerado un récord histórico de abstención en el departamento de Orán.
Las autoridades señalaron que los controles buscan “resguardar la soberanía del voto” y garantizar que los comicios reflejen la voluntad real de los ciudadanos argentinos. El operativo en Aguas Blancas incluyó verificaciones casa por casa, cruzamiento de datos y relevamientos que permitieron constatar la magnitud de las irregularidades.
Entre las medidas en análisis se encuentra la depuración del padrón electoral, para excluir temporalmente a quienes figuren con domicilios falsos hasta que regularicen su situación. Los investigadores sostienen que el uso de direcciones inexistentes o prestadas constituye una modalidad de fraude que, además de distorsionar la representación política, vulnera la seguridad documental y ciudadana.
En paralelo, se impulsa un refuerzo de los procedimientos administrativos vinculados a la emisión del Documento Nacional de Identidad. Los organismos nacionales de control consideran fundamental garantizar que cada registro refleje la residencia real del ciudadano, evitando así la manipulación del padrón y la utilización de la documentación con fines electorales o económicos indebidos.
La situación de Aguas Blancas expone una problemática recurrente en las zonas de frontera: la fragilidad de los mecanismos de control y la facilidad con que pueden producirse movimientos irregulares entre localidades separadas apenas por un río o un puente. En este caso, la cercanía con Bermejo, en el departamento boliviano de Tarija, facilita el flujo constante de personas, lo que hace indispensable un seguimiento estricto de los registros civiles y electorales.
El caso también abrió un debate más amplio sobre la necesidad de aplicar políticas de frontera más firmes durante los procesos electorales, similares a las que rigen en otros países de la región. En Bolivia, por ejemplo, el cierre temporario de pasos fronterizos durante los comicios es una medida habitual para garantizar la transparencia del voto.
En Aguas Blancas, mientras tanto, la Justicia continúa con las investigaciones y las tareas de depuración del padrón, con la mira puesta en las próximas elecciones. Las autoridades nacionales y provinciales coinciden en que el objetivo central es proteger la integridad del proceso democrático y la identidad ciudadana, evitando que prácticas fraudulentas sigan distorsionando la vida institucional de una de las zonas más sensibles del norte salteño.
Con un nivel de participación que no supera el 35% y miles de registros bajo sospecha, Aguas Blancas se enfrenta hoy a un desafío mayor que el simple ausentismo: recuperar la confianza en el sistema electoral y asegurar que cada voto cuente, legítimo y argentino.
