El Gobierno de la provincia avanzó en gestiones clave que permitieron destrabar el conflicto por los fondos adeudados por Nación a instituciones de discapacidad de Salta, que atraviesan una situación crítica por la falta de pagos desde octubre. Tras el diálogo mantenido con autoridades nacionales y el acompañamiento del diputado nacional por Salta Bernardo Biella, se confirmó el compromiso de regularizar la deuda, lo que abre un escenario de alivio para entidades que venían reclamando respuestas urgentes.
Entre las instituciones alcanzadas por esta situación se encuentran Hirpace, Anidar y Divino Niño, todas con un rol central en la atención, contención y rehabilitación de personas con discapacidad en distintos puntos de la provincia. La falta de transferencias había puesto en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales, desde terapias hasta acompañamiento educativo y asistencia integral.
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la importancia social de estas instituciones y remarcó que su funcionamiento no puede verse interrumpido bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, subrayó que se trata de espacios que trabajan todos los días con niñas, niños, jóvenes y familias que dependen directamente de estos servicios para sostener su calidad de vida.
Las gestiones impulsadas por la Provincia se centraron en acelerar las conversaciones con Nación para lograr una respuesta concreta frente a una deuda acumulada que impacta de manera directa en el funcionamiento de los centros. Según se informó, el compromiso alcanzado contempla el pago de los fondos adeudados desde octubre, lo que permitiría comenzar a normalizar la situación financiera de las instituciones afectadas.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el reclamo no se limita a una cuestión administrativa, sino que se trata de una problemática de fuerte impacto social. La interrupción de los aportes nacionales generó incertidumbre en equipos técnicos, profesionales de la salud y familias que dependen de estos espacios, especialmente en un contexto económico complejo.
En ese marco, Sáenz insistió en que la asistencia a personas con discapacidad debe estar por encima de cualquier diferencia política. Señaló que se trata de una responsabilidad indelegable del Estado y que el criterio de resolución debe ser el compromiso con los derechos de los beneficiarios. El mensaje buscó remarcar la necesidad de garantizar continuidad en las prestaciones sin interrupciones ni demoras.
El acuerdo alcanzado representa un alivio inmediato para las instituciones, aunque desde el sector se mantiene la expectativa de que los pagos se efectivicen en tiempo y forma para evitar nuevas complicaciones. La regularización de los fondos permitiría sostener equipos profesionales, cubrir costos operativos y garantizar la atención diaria de cientos de personas.
En Salta, las instituciones de discapacidad cumplen un rol fundamental en la red de contención social, especialmente en contextos donde la demanda de servicios crece y los recursos resultan cada vez más ajustados. Por eso, la confirmación del pago de la deuda es vista como un paso clave para estabilizar el funcionamiento del sistema.
A la espera de la transferencia de los fondos comprometidos, el Gobierno provincial continuará el seguimiento del acuerdo y el monitoreo de la situación de cada institución. El objetivo es evitar que se repita un escenario de incertidumbre que afecte la prestación de servicios esenciales.
Con este avance, se abre una etapa de mayor previsibilidad para las entidades que trabajan con personas con discapacidad en Salta, en un contexto donde la continuidad de la atención es considerada prioritaria tanto por las autoridades como por los equipos profesionales que sostienen el sistema día a día.
