El juicio oral y público contra Julio Antonio Jalit, exintendente de Pichanal, fue suspendido por decisión de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán. El proceso debía comenzar el 3 de noviembre y extenderse a lo largo de todo el mes, pero quedó postergado luego de que los jueces aceptaran recursos de casación presentados por las defensas de tres imputados, incluido el propio Jalit.
El tribunal hizo lugar a los planteos que cuestionaban la legalidad del auto de prueba, una etapa central en la preparación del juicio. Con esta resolución, se suspenden todas las audiencias ya programadas para los días 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 20 y 25 de noviembre.
La causa involucra a Jalit y a otros ocho acusados por una larga lista de delitos vinculados a su gestión como intendente de Pichanal. Las imputaciones incluyen fraude a la administración pública, peculado de servicios, negociaciones incompatibles con la función pública, manejo de residuos peligrosos que habrían afectado el ambiente y la salud de la población, omisión y falsedad en declaraciones juradas patrimoniales y enriquecimiento ilícito.
El expediente es uno de los más significativos en el norte salteño por la gravedad de los hechos investigados y por la figura de Jalit, quien durante años tuvo un rol destacado en la política local. Además de las irregularidades administrativas, el caso también contempla delitos ambientales, ya que se investiga el transporte y uso indebido de residuos que habrían contaminado agua, aire y suelo en sectores habitados.
La suspensión del juicio genera preocupación entre vecinos y sectores que esperan respuestas por parte de la Justicia. El caso, que lleva años en instrucción, había generado expectativas de que finalmente se avanzara hacia una resolución. Sin embargo, la medida judicial vuelve a postergar el inicio de un proceso clave para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
El equipo legal de Jalit, integrado por Lilia Amanda Klarmann y Leonardo Macarón, fue el encargado de presentar los recursos que ahora dejan en pausa el debate oral. La nueva fecha para el inicio del juicio dependerá de cómo se resuelvan los planteos técnicos, algo que podría demorar varios meses.
Mientras tanto, la comunidad de Pichanal sigue atenta a una causa que simboliza muchas de las fallas estructurales que afectan a los municipios del interior: falta de control, escasa transparencia en el uso de fondos públicos y una justicia que avanza con lentitud.
