La ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, avanzará desde los próximos meses con el cierre nocturno de calles secundarias mediante portones, una decisión que busca reducir los hechos delictivos y que ya despertó un fuerte debate político y social. El plan, impulsado por el gobierno municipal y con aval judicial, apunta a limitar la circulación vehicular en determinados barrios durante la noche y la madrugada.
La iniciativa forma parte de un esquema más amplio de prevención del delito que incluye refuerzos en el patrullaje, ampliación del sistema de cámaras de seguridad y mejoras en la iluminación urbana. Según datos oficiales, una parte significativa de los robos registrados en la ciudad ocurre en horario nocturno, lo que llevó a las autoridades a evaluar medidas excepcionales para reforzar el control territorial.
El cierre de calles no tiene antecedentes similares en Córdoba y fue habilitado tras un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró que la medida resulta razonable en función del objetivo perseguido: mejorar la seguridad pública. El tribunal sostuvo que se trata de una acción proporcional y limitada en el tiempo, enfocada en zonas específicas y horarios determinados.
Desde el municipio remarcaron que no se trata de un esquema de privatización del espacio público ni de una política permanente, sino de una herramienta puntual dentro de un programa integral. En ese sentido, explicaron que los portones se instalarán en calles secundarias identificadas como vías de escape frecuentes utilizadas en robos, mientras que se mantendrán abiertos corredores principales, iluminados y monitoreados.
El plan prevé que los portones funcionen entre las 22 y las 6. En algunos casos, el cierre será total para vehículos, mientras que en otros se permitirá el paso peatonal. La implementación inicial contempla la colocación de 14 estructuras en sectores como Lomas Sur y Pan de Azúcar, con la posibilidad de extender la experiencia a otros barrios si los resultados son considerados positivos.
Además del cierre nocturno de calles, el programa de seguridad municipal incluye la incorporación de nuevos móviles para patrullaje preventivo, la instalación de más de 250 cámaras y decenas de domos de vigilancia, la adquisición de tecnología aérea para monitoreo y el fortalecimiento del centro de control urbano. También se prevé una mejora en el alumbrado público en zonas consideradas críticas.
Desde la intendencia sostienen que la medida surgió a partir del diálogo con vecinos, quienes señalaron recorridos habituales utilizados por delincuentes para ingresar y huir de los barrios. A partir de ese diagnóstico, se definió un esquema que busca reducir la circulación nocturna en puntos sensibles sin afectar el tránsito general de la ciudad durante el día.
Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de polémica. Sectores de la oposición y grupos de vecinos presentaron recursos judiciales para frenar la instalación de los portones, al considerar que el cierre de calles públicas vulnera derechos constitucionales como la libre circulación y la igualdad ante la ley. También advirtieron sobre el riesgo de avanzar hacia un modelo de ciudad fragmentada, con zonas cerradas y diferenciadas.
Entre las críticas más fuertes aparece la idea de que este tipo de medidas pueden generar efectos contraproducentes, desplazando el delito hacia otros sectores y profundizando desigualdades territoriales. Los cuestionamientos también apuntan a la falta de estudios técnicos independientes que demuestren la eficacia de los cierres físicos como estrategia de prevención del delito a mediano y largo plazo.
Desde el oficialismo local respondieron que la política de seguridad no se agota en los portones y que la intervención será evaluada de manera constante. Aseguraron que, en caso de no mostrar resultados concretos, el esquema podrá modificarse o discontinuarse. También señalaron que el municipio mantiene coordinación con fuerzas de seguridad provinciales para garantizar el control de las zonas intervenidas.
El debate en Villa Allende se da en un contexto más amplio de preocupación por la inseguridad urbana en distintas ciudades de Argentina, donde los gobiernos locales buscan alternativas frente a las limitaciones de recursos y competencias. En ese escenario, la experiencia cordobesa es observada con atención por otros municipios, tanto por quienes la consideran una herramienta válida como por quienes alertan sobre sus riesgos.
Mientras avanza el cronograma de instalación, la discusión continúa abierta. La implementación de los portones, avalada por la Justicia pero cuestionada en el plano político y social, pone sobre la mesa una vez más el desafío de equilibrar el derecho a la seguridad con el uso libre del espacio público, en un contexto donde la demanda de respuestas rápidas convive con debates de fondo sobre el modelo de ciudad y convivencia urbana.
