La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la derogación de ocho resoluciones que regulaban el control sanitario vegetal y que habían dejado de aplicarse por tratarse de medidas obsoletas o por haber sido reemplazadas por otras medidas.
Las derogaciones se detallaron en el anexo de la resolución 209/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, un día después de que funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado adelantaran en el Congreso la intención de impulsar una segunda versión de la ley de Bases y de insistir con la eliminación de una serie de normas englobadas en lo que el titular de la cartera, Federico Sturzenegger, denominó “Ley Hojarasca”.
“A la luz de la experiencia recogida resulta necesario profundizar y unificar los cambios y la normativa a los efectos de lograr sencillez y razonabilidad en los procedimientos, en pos de una mayor precisión sobre algunos aspectos que hacen a una mejor operatividad, eliminando así trabas e impedimentos para favorecer el desarrollo de los sectores productivos involucrados”, sostuvo Agricultura en los considerandos de la resolución.
De esa forma, se procura contar con “un nuevo ordenamiento de las normas reglamentarias atinentes al comercio interior y exterior, eliminando instancias bajo un esquema más simple, menos burocrático y más transparente”.
Las normas derogadas
Las resoluciones que fueron derogadas fueron dictadas por diferentes administraciones entre 1991 y 2006.
La resolución 302/1991 estableció que la certificación de la calidad de los granos y subproductos exportados podía realizarse mediante el Certificado Argentino de Calidad; la 209/1994 aprobó los aranceles del por entonces existente Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav), posteriormente absorbido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la resolución 1.040/1994 dispuso medidas en relación con el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal.
Otras de las resoluciones derogadas fueron la 292/1998, que aprobó el "Instructivo para el Procedimiento General para la Cuarentena Post-Entrada”; la 811/2000 que estableció las Normas para la Producción, Comercialización e Introducción de Plantas de Vivero de Olivo o sus Partes; y la 391/2001 fijó los requisitos a cumplir, en el marco del Convenio para Mejorar la Competitividad y la Generación del Empleo del Sector Frutícola de Peras y Manzanas.
Por último, la resolución 1.269/2004 aprobó el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa y la 497/2006 ratificó pautas y procedimientos para el control de la plaga Cydia Pomonella L.
Desregulación y libre competencia
En los fundamentos generales de la resolución, se cita el decreto 70/2023, antecedente de la ley de Bases, en cuanto a que apunta a promover “un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
En ese contexto, indica que esos fines se llevarán a cabo con “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, quedando sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.
