La decisión de la justicia estadounidense de ordenar a la Argentina la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la expropiación de 2012 ha desatado un torbellino de incertidumbre en los mercados y en el ámbito político.
El fallo, dictado por la jueza Loretta Preska, no solo reavivó el conflicto judicial con los fondos Burford Capital y Eton Park, sino que ya dejó huellas en el valor de mercado de la petrolera de mayoría estatal, generando preocupación sobre las implicancias económicas y financieras para el país.
El impacto inmediato del fallo fue contundente: en los días posteriores a la decisión, YPF perdió US$460 millones de su capitalización bursátil. El viernes previo al anuncio, la compañía estaba valuada en US$13.300 millones, pero tras una caída inicial de hasta el 8% en su acción, cerró el miércoles con un ADR a US$32 y una capitalización de US$12.840 millones, reflejando una leve recuperación del 1,9% en la jornada.
Sin embargo, el panorama de mediano plazo es más sombrío. Desde su pico de US$21.170 millones en enero, YPF ha perdido casi el 40% de su valor, equivalente a US$8.330 millones. Esta cifra representa aproximadamente la mitad de los US$16.100 millones que Argentina debe abonar como indemnización, según el fallo.El gobierno argentino no se quedó de brazos cruzados. El martes por la noche, presentó un recurso ante la justicia de EE.UU. solicitando la suspensión de la transferencia del 51% de las acciones de YPF, valuadas en US$6.548 millones, y anunció su intención de apelar el fallo.
La Casa Rosada advirtió que, de ser necesario, escalará el caso a instancias superiores si la respuesta de Preska es desfavorable.El litigio, que lleva más de una década, pone en jaque no solo el futuro de YPF, un pilar estratégico del sector energético argentino, sino también las finanzas públicas del país, ya tensionadas por otras obligaciones externas.
La incertidumbre sobre el rumbo del proceso judicial y su impacto en la confianza de los inversores seguirá siendo un factor crítico en los próximos meses. Mientras tanto, los mercados observan con cautela, a la espera de señales claras sobre cómo Argentina enfrentará este desafío económico y legal.
