La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, implementó un plan que busca controlar de manera estricta la inmigración en el país. Este martes, anunció la creación de un ministerio dedicado a las deportaciones masivas, con el objetivo de gestionar la salida de inmigrantes ilegales y establecer reglas claras para la convivencia con la creciente población extranjera. Según la mandataria, Japón no aceptará islamistas ni inmigrantes ilegales, una postura que reafirma la visión conservadora de su gobierno.
Al frente de esta nueva cartera estará Kimi Onoda, diputada del Partido Liberal Democrático (PLD) de 42 años, nacida en Estados Unidos de padre estadounidense y madre japonesa. Onoda será la responsable de coordinar las políticas de inmigración, integración y retorno de extranjeros, así como de reforzar el control estatal sobre el flujo migratorio, consolidando la visión de Takaichi de una “sociedad de coexistencia ordenada con extranjeros”.
La creación del ministerio se da tras el pacto de coalición entre el PLD y el Partido de Innovación de Japón (JIP, conocido como Ishin no Kai), firmado el lunes. Este acuerdo busca fortalecer la supervisión gubernamental sobre la población extranjera residente y establecer mecanismos más estrictos para garantizar el cumplimiento de la ley. Aunque el JIP no participará directamente en el gabinete, brindará apoyo en medidas puntuales, incluida la propuesta de limitar la población extranjera a menos del 10% del total nacional, medida que Takaichi no descartó estudiar.
El gobierno de Takaichi también está marcado por una apuesta a la modernización de su gabinete, sin dejar de lado su perfil conservador. La primera ministra nombró a Satsuki Katayama como nueva ministra de Finanzas, reforzando la presencia femenina en un gobierno tradicionalista y conservador, mientras consolida la línea soberanista y la revisión histórica de la política militar japonesa.
Expertos internacionales consideran que esta decisión refuerza la política de inmigración restrictiva de Japón, uno de los países con menor porcentaje de población extranjera de Asia, y que podría generar tensiones en la relación con comunidades migrantes y organismos internacionales.
Con la creación del ministerio, Japón deja en claro su postura ante la inmigración: priorizar el control estricto y la deportación de quienes ingresen de manera irregular, al tiempo que busca regular la integración de quienes residan legalmente, consolidando así un modelo de “coexistencia ordenada” bajo estrictos parámetros estatales.
