A pocos días de una audiencia decisiva en Estados Unidos, el fondo Burford Capital volvió a presionar públicamente al gobierno argentino para que se siente a negociar por el juicio de YPF. La firma británica, que reclama una indemnización de USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera en 2012, publicó un comunicado en el que advierte que el litigio sigue lleno de riesgos e imprevisibilidad, y sugiere que una resolución por un monto menor —mediante acuerdo— sería preferible.
La causa, que se discute en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, entrará la semana próxima en una nueva fase. Los jueces escucharán los argumentos del Estado argentino, que busca revertir el fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien en 2023 sentenció que el país debía indemnizar a los fondos demandantes por haber violado normas estatutarias durante la estatización de YPF, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde Burford remarcaron que la mayoría de los casos de este tipo suelen resolverse por cifras mucho menores a las fijadas en la sentencia, dejando abierta la puerta a un posible acuerdo. Sin embargo, el gobierno argentino ya dejó en claro que no está dispuesto a negociar. El presidente Javier Milei ratificó públicamente que defenderá al país hasta la última instancia judicial, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos si fuera necesario.
El fondo británico adquirió los derechos del litigio a los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eaton Park, quienes no fueron compensados en la operación con Repsol. Según el fallo de Preska, el Estado debió haber lanzado una oferta pública de adquisición para cumplir con los estatutos de YPF, lo cual no ocurrió. El gobierno argentino sostiene que la operación fue una decisión soberana y que los demandantes no tienen derecho a esa indemnización.
Burford detalló en su informe que, tras la audiencia, no hay plazos establecidos para que el tribunal emita un fallo. Estiman que la decisión podría conocerse entre algunos meses y un año. Si el resultado no es favorable, el país aún tendría la opción de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos dentro de los 90 días posteriores.
El fondo también recordó que, al no haber cumplido Argentina con ciertas condiciones procesales, el fallo es técnicamente ejecutable desde enero de este año. Por eso avanzan en pedidos para embargar activos del Estado en el exterior, con la hipótesis de que YPF y el Estado argentino son un “alter ego”, es decir, una misma entidad. Si esa idea prospera, podrían avanzar sobre bienes argentinos en otros países.
Más allá del resultado judicial, la pulseada refleja una discusión más profunda sobre cómo se manejan los intereses estratégicos del país en el exterior. La expropiación de YPF fue vista en su momento como una recuperación de soberanía energética, pero los costos legales de aquella decisión siguen creciendo.
Para Salta y el resto del país, el impacto no es solo económico: el caso pone en juego la credibilidad internacional de Argentina y puede condicionar futuros acuerdos energéticos y financieros. Por ahora, el Gobierno se mantiene firme en su estrategia judicial. Pero la presión para negociar no parece aflojar.
