Desde hace 233 días, la familia del gendarme argentino permanece en la incertidumbre sobre su paradero y estado. Estados Unidos ratificó su exigencia directa a Nicolás Maduro: que libere de inmediato al gendarme Nahuel Gallo y a otros extranjeros retenidos, reclamando una acción diplomática coordinada. La gestión estadounidense se centraliza desde Colombia, ya que no cuenta con representación oficial dentro de Venezuela.
El Departamento de Estado, a través de Natalia Molano, portavoz en español, subrayó que “la prioridad es que todos los detenidos extranjeros sean liberados lo más pronto posible” y que Argentina cuenta con el respaldo de EE. UU. para cualquier articulación que sea necesaria.
La diplomacia internacional ya se puso en marcha
La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la detención de Gallo como un “crimen de lesa humanidad”, exigiendo su liberación inmediata y acceso a asistencia legal y contacto con su familia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares por considerar que su vida e integridad están en riesgo.
En junio de 2025, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, volvió a demandar públicamente, recordando la detención arbitraria del suboficial y denunciando un plan sistemático de represión en Venezuela.
Gallo fue apresado el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Francisco de Paula Santander. Su intención era visitar a su pareja y su hijo pequeño, radicados allá desde hacía meses. Tras su arresto, las autoridades venezolanas lo acusaron de conspiración y vinculación con grupos terroristas internacionales, aunque sin pruebas verificables. Frente a ello, la ministra argentina Patricia Bullrich desmintió las acusaciones calificándolas de infundadas y posicionó la detención como un secuestro político, al tiempo que presentó un hábeas corpus en favor de Gallo.
