La escalada militar en el Caribe sumó un nuevo episodio esta semana, luego de que fuerzas estadounidenses realizaran un segundo ataque armado contra una embarcación venezolana en aguas internacionales. Según la versión oficial del gobierno norteamericano, la lancha estaba vinculada a grupos narcotraficantes y fue interceptada en el marco de operativos liderados por el Comando Sur.
El ataque dejó tres tripulantes muertos y no se registraron bajas del lado estadounidense. Desde Washington, aseguran que se trata de una política activa contra “narcoterroristas” y que habrá más operativos si se detectan amenazas similares.
Esta nueva acción ocurre a pocos días de otro operativo, en el que fue destruida una lancha rápida supuestamente relacionada con el grupo criminal Tren de Aragua. Aquel episodio generó una fuerte polémica por el uso de fuerza letal fuera de territorio nacional y sin aval de organismos internacionales.
Desde agosto, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe incluye buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos. La ofensiva está enmarcada en una estrategia de combate al narcotráfico, pero también en una fuerte presión política contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca acusa de ser parte de un “cartel estatal”.
La respuesta de Venezuela fue inmediata. Maduro denunció una agresión militar disfrazada y ordenó el despliegue de 25.000 soldados en zonas fronterizas, junto con el alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana. El gobierno bolivariano sostiene que estas acciones violan el derecho internacional y buscan justificar una intervención encubierta.
Las rutas del tráfico de drogas son dinámicas y cualquier alteración en el Caribe podría impactar en los corredores que atraviesan Sudamérica, incluyendo zonas sensibles como la frontera con Bolivia.
Las tensiones entre Washington y Caracas no son nuevas. Desde la ruptura diplomática en 2019, las acusaciones mutuas se han intensificado, con Estados Unidos desconociendo a Maduro como presidente legítimo y vinculando su gestión al llamado “Cártel de los Soles”, considerado organización terrorista.
El escenario recuerda momentos oscuros de la historia regional, con operaciones militares unilaterales bajo el argumento de proteger la seguridad nacional estadounidense. Esta vez, la excusa es el combate al narcotráfico, pero los efectos podrían sentirse en toda América Latina.
Mientras tanto, el resto del continente observa con preocupación. En Salta, donde la lucha contra el crimen organizado tiene dimensiones locales pero conexiones internacionales, se sigue de cerca este conflicto que amenaza con desbordar los límites marítimos del Caribe.
