Nepal atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más graves en los últimos años. Tras violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos y más de cien heridos, el primer ministro Khadga Prasad (K.P.) Sharma Oli, de 73 años, presentó su renuncia en busca de una salida política que reduzca la tensión en el país.
Los disturbios comenzaron luego del bloqueo gubernamental a 26 plataformas digitales, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn, lo que desató la furia de cientos de manifestantes, principalmente jóvenes, que salieron a las calles de Katmandú a exigir respuestas. La violencia escaló rápidamente: grupos de personas atacaron oficinas públicas y residencias de dirigentes políticos, desafiando incluso el toque de queda decretado por las autoridades.
Entre los hechos más impactantes, los manifestantes incendiaron el Parlamento de Nepal y varias viviendas de políticos de alto perfil, incluyendo la del propio Oli, la del presidente del país, la del exministro del Interior Ramesh Lekhak, y propiedades de líderes del Congreso Nepalí y del Partido Comunista Maoísta. Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron gruesas columnas de humo elevándose sobre la capital mientras se producía el saqueo y la quema de edificios.
La renuncia de Oli busca, según analistas, abrir un espacio de negociación y evitar una escalada mayor en un país donde la desconfianza hacia las instituciones y el desempleo juvenil son problemas estructurales. Sin embargo, la situación sigue siendo altamente volátil, con disturbios que reflejan la frustración de amplios sectores de la población frente a la censura digital y la falta de oportunidades.
El Parlamento, centro simbólico del poder en Nepal, quedó parcialmente destruido y las fuerzas de seguridad trabajan para contener la violencia, aunque se registran enfrentamientos intermitentes entre manifestantes y efectivos en diferentes puntos de Katmandú. La comunidad internacional observa con preocupación los acontecimientos, alertando sobre la necesidad de diálogo y de medidas urgentes para proteger a los civiles y restaurar el orden.
Los incidentes en Nepal reflejan una crisis de gobernabilidad que combina la represión de libertades digitales, tensiones políticas históricas y un descontento social profundo. La renuncia de Oli, lejos de cerrar el conflicto, abre un período incierto para el país, donde la presión de la ciudadanía y la fragilidad institucional podrían marcar el rumbo de las próximas semanas.
En medio de esta turbulencia, los expertos destacan la necesidad de soluciones políticas inclusivas y de reformas que aborden la desigualdad, el desempleo y la participación juvenil, elementos centrales en la actual ola de protestas que sacude Katmandú y pone en jaque la estabilidad de Nepal.
