La Justicia dictó la absolución definitiva de Roxana Ortega, la docente de segundo grado que había sido imputada por presuntos hechos de maltrato y abuso sexual en el ámbito escolar. La resolución pone fin, en esta instancia, a un proceso judicial que mantuvo en vilo a toda la comunidad educativa desde mediados de 2024, cuando se formalizaron las primeras denuncias penales.
La causa se había iniciado a partir de la exposición de un grupo de padres de una institución de nivel primario, quienes atribuyeron a la docente de 41 años una serie de episodios graves ocurridos en el aula entre los meses de abril y junio de ese mismo año. Frente a la severidad de las acusaciones, las autoridades pertinentes activaron de inmediato los protocolos de resguardo: la docente fue suspendida de su cargo de manera preventiva, apartada de las aulas y puesta a disposición de la Justicia.
A las pocas semanas de iniciada la investigación, las medidas cautelares se endurecieron y Ortega fue privada de su libertad, cumpliendo cuatro meses bajo régimen de prisión domiciliaria. Durante todo ese período, la defensa de la educadora sostuvo su inocencia, argumentando que no existían elementos materiales ni testimoniales sólidos para sostener la imputación y que el proceso estaba viciado desde sus etapas iniciales.
El vuelco determinante en el expediente se produjo tras el análisis exhaustivo de los testimonios recopilados en Cámara Gesell y la revisión de las pericias interdisciplinarias. Al dictar el fallo absolutorio, la magistrada a cargo de la causa fundamentó su decisión en la detección de un marcado "sesgo" técnico en el informe elaborado por la psicóloga interviniente, el cual habría condicionado las primeras conclusiones del caso. Asimismo, la resolución judicial remarcó la existencia de serias incoherencias y contradicciones en las declaraciones presentadas, lo que impidió configurar la certeza necesaria para emitir una condena.
A pesar de la resolución que exonera de culpa a la docente, el conflicto está lejos de concluir en el plano legal. Representantes de las familias querellantes manifestaron su disconformidad con el fallo e informaron que apelarán la medida ante las instancias superiores de la Justicia provincial, con el objetivo de revertir la absolución y conseguir la reapertura de la causa.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el manejo de las denuncias en los establecimientos escolares, el rigor exigido en las pericias psicológicas a menores y el impacto irreversible que generan estas acusaciones en la carrera y la vida de los trabajadores de la educación.
