El Tribunal Oral Federal dictó condenas en suspenso para dos empleados de la línea de cajas del Banco Nación acusados de sustraer dinero a clientes que acudían a realizar depósitos. La maniobra, conocida en la jerga como "pellizco", quedó expuesta a través de registros de videovigilancia que resultaron determinantes para el fallo judicial.
La cajera principal recibió una pena de dos años de prisión en suspenso, mientras que su pareja y compañero de sector fue condenado a seis meses en la misma modalidad. Ambos fueron declarados responsables del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de la pena privativa de la libertad, se les fijó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena y una serie de pautas de conducta por dos años.
Durante el proceso se acreditaron 18 hechos de sustracción. Según se probó en el debate, la operatoria aprovechaba la confianza que inspiraba el personal de la entidad, sumada a la infraestructura del lugar. Cuando un cliente entregaba fajos de efectivo —frecuentemente montos elevados pertenecientes a comercios o empresas—, la empleada trasladaba el dinero hacia una contadora ubicada fuera de la vista del público.
Aprovechando el punto ciego generado por vidrios esmerilados y paneles divisores, la mujer extraía billetes antes o después del conteo mecánico y los escondía dentro de folletos publicitarios institucionales. Las víctimas, al detectar faltantes en la acreditación final, asumían que se trataba de errores de cálculo propios y reponían las diferencias sin sospechar del personal, que contaba con décadas de antigüedad en la institución.
El esquema salió a la luz cuando un compañero de trabajo observó de manera casual el movimiento sospechoso durante una operación. Tras revisar el folleto publicitario y constatar la presencia del dinero oculto, dio aviso a las autoridades del banco, lo que motivó la revisión sistemática de las filmaciones internas.
La fiscalía desestimó los argumentos de la defensa, que intentó atribuir la causa a presuntas persecuciones laborales. En sus consideraciones, la Justicia remarcó el abuso de confianza, la repetitividad de los hechos y la inexistencia de una necesidad económica que justifique la conducta, dado que los imputados contaban con ingresos estables y actividades comerciales complementarias.
