La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar determinante. Un testimonio incorporado al expediente judicial señaló la existencia de una deuda de 65 mil dólares que no figura en los documentos oficiales vinculados a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
La causa, que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a establecer si las operaciones inmobiliarias del funcionario y su evolución patrimonial se corresponden con los ingresos que declaró. En ese marco, cobró especial relevancia la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como vendedoras del inmueble.
Según lo que surge de su exposición ante la fiscalía, Feijoo habría asumido el costo total de las refacciones realizadas en la propiedad antes de su venta. Ese gasto, estimado en unos 65 mil dólares, no habría sido incorporado en el contrato formal de compraventa. De acuerdo con su relato, se trató de un acuerdo informal con el actual jefe de Gabinete, con la expectativa de recuperar ese dinero en una instancia posterior.
La operatoria descripta abre nuevos interrogantes para los investigadores. En particular, sobre la transparencia de la transacción y la forma en que se estructuraron los pagos. La hipótesis que se analiza es si ese monto omitido podría alterar la valuación real del inmueble y, en consecuencia, el análisis patrimonial del funcionario.
De acuerdo a la documentación que ya forma parte del expediente, el departamento habría sido adquirido originalmente por las vendedoras en una suma cercana a los 200 mil dólares. Tiempo después, fue transferido a Adorni por unos 230 mil, con un anticipo de 30 mil dólares y el saldo restante financiado mediante una hipoteca sin intereses, una modalidad que también quedó bajo revisión.
A lo largo de la investigación, se incorporaron distintas tasaciones que muestran diferencias en el valor del inmueble. Mientras algunas estimaciones lo ubican por encima del precio de venta, otras sugieren que la operación podría encuadrarse dentro de prácticas habituales de compra, refacción y reventa para obtener una ganancia.
Sin embargo, el punto que ahora concentra la atención judicial es la existencia de acuerdos paralelos que no quedaron asentados en los registros oficiales. Para la fiscalía, este tipo de mecanismos podría dificultar la reconstrucción precisa de la operación y generar inconsistencias en la evaluación del patrimonio.
El testimonio de Feijoo también aportó detalles sobre la dinámica de la negociación y las condiciones en que se llevaron adelante las mejoras en la propiedad. Su declaración se realizó bajo un fuerte hermetismo y con resguardo policial, en un contexto de alta exposición pública del caso.
En paralelo, los investigadores continúan reuniendo pruebas para determinar si existieron otras operaciones similares o movimientos financieros que no hayan sido debidamente declarados. La causa avanza con el foco puesto en establecer si hubo o no un incremento patrimonial injustificado.
El expediente se encuentra en una etapa de análisis de pruebas y testimonios, donde cada dato suma peso a la reconstrucción de los hechos. La aparición de esta deuda no registrada introduce un nuevo eje en la investigación y podría tener impacto en la situación judicial del funcionario.
Por ahora, el caso sigue abierto y sin definiciones concretas, pero con una acumulación de elementos que mantienen bajo observación la evolución patrimonial y las decisiones financieras del jefe de Gabinete.
