El Gobierno argentino declaró oficialmente como organización terrorista al Cártel de los Soles, una red criminal que opera desde Venezuela con presuntos vínculos directos con el presidente Nicolás Maduro y su entorno más cercano. La decisión se formalizó con la inclusión del grupo en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), herramienta clave para bloquear recursos y limitar su accionar en territorio nacional.
Esta medida coloca a la Argentina en línea con países como Paraguay y Ecuador, que ya habían tomado acciones similares en el marco de un creciente consenso regional frente al narcotráfico con respaldo estatal. Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que se trata de una señal contundente contra cualquier organización que intente operar desde el crimen transnacional bajo cobertura política o institucional.
El Cártel de los Soles, según informes internacionales, se articula en el interior de la Guardia Nacional Bolivariana, donde varios de sus integrantes ostentan altos rangos militares. Su nombre proviene de los “soles” que lucen en los uniformes los generales venezolanos. Se le atribuyen operaciones de tráfico de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas a gran escala. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, segundo del chavismo, son señalados como máximos responsables de esta red.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó a través de redes sociales que “Maduro y su séquito son narcoterroristas” y que “en Argentina no podrán llevar adelante sus actividades criminales”. En ese sentido, el Gobierno dejó claro que este tipo de amenazas no serán toleradas, y que se actuará con firmeza ante cualquier intento de establecer vínculos o movimientos sospechosos en el país.
Aunque no hay registros públicos de actividades directas del Cártel de los Soles en territorio argentino, la inclusión en el RePET permite congelar activos, impedir transferencias financieras, emitir alertas migratorias y facilitar la cooperación con otras naciones. Es, además, una medida preventiva que apunta a cerrar cualquier posible canal de influencia o financiación dentro del país.
La decisión nacional refuerza los controles en zonas sensibles y alerta a las fuerzas locales para que intensifiquen la vigilancia ante cualquier indicio de expansión de redes criminales transnacionales.
El avance de estructuras narcoestatales en América Latina es una de las principales preocupaciones en materia de seguridad regional. La medida tomada por la administración de Javier Milei busca marcar posición y enviar un mensaje claro tanto a actores internos como externos: Argentina no será refugio ni terreno fértil para organizaciones con vínculos con el narcotráfico ni con el terrorismo.
