La situación del diputado José Luis Espert genera una creciente crisis política en el Congreso. Acusado de mantener lazos con el empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico, Espert enfrenta una fuerte presión para dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema llegó al recinto y ya hay una sesión especial convocada para el miércoles 8, con el pedido de remoción como primer punto del día.
Distintos bloques de la oposición, como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores independientes, reclaman su desplazamiento inmediato. Argumentan que mantenerlo en un cargo clave mientras pesan sospechas de vínculos con el crimen organizado es una amenaza para la institucionalidad del Congreso.
El escándalo también puso en pausa el tratamiento del Presupuesto 2026, una de las leyes más importantes del año. Desde la oposición aseguran que no discutirán el proyecto enviado por el Ejecutivo mientras Espert siga al frente de la comisión. Por su parte, el oficialismo intenta dilatar la definición hasta después de las elecciones.
Las acusaciones contra Espert giran en torno a un aporte de 200 mil dólares que habría recibido en 2019 por parte de Machado, antes de iniciar formalmente su carrera política. El propio legislador admitió el vínculo, pero aseguró que fue un contrato privado por asesoramiento económico. También afirmó que Machado lo trasladó en su avión para presentar su libro en Viedma, ciudad natal del empresario.
Pese a sus explicaciones, los cuestionamientos no bajan. Diputados como Victoria Tolosa Paz pidieron directamente su expulsión de la Cámara, apelando a lo que considera una “inhabilidad moral” según la Constitución Nacional. Otros lo acusan de obstaculizar el trabajo legislativo, promover la violencia política y tener escasa productividad parlamentaria.
Incluso aliados del oficialismo marcaron distancia. El PRO, por ejemplo, ya le transmitió al bloque libertario que tiene los votos para desplazarlo. Y recomendaron avanzar con una solución política antes de que el conflicto escale más. La idea: reemplazar a Espert antes de que retomen las exposiciones de los funcionarios del Ministerio de Economía.
Desde el norte del país, el tema no pasa desapercibido. En Salta, donde la problemática del narcotráfico es crítica por ser zona de frontera, la sospecha de que un diputado nacional haya recibido fondos de un empresario vinculado al narco despierta especial preocupación.
Uno de los pronunciamientos más duros fue el del diputado Francisco Monti, del bloque Liga del Interior, aliado del oficialismo. Defendió la política de seguridad nacional, pero reclamó una explicación contundente: “No puede haber dudas cuando se trata de enfrentar al crimen organizado”, advirtió.
El presidente Javier Milei salió en defensa de Espert, acusando al kirchnerismo de armar una operación para ensuciar a su espacio. “Los corruptos nos acusan de lo que ellos hacen”, publicó en sus redes. Más cauto, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que Espert debe seguir dando explicaciones, deslindando así al Gobierno del tema.
Lo cierto es que, con o sin respaldo presidencial, la continuidad de Espert como titular de la comisión pende de un hilo. La oposición asegura que tiene los números para removerlo. Y no descartan avanzar hacia una sanción más dura: la expulsión del Congreso.
En paralelo, el tratamiento del Presupuesto quedó frenado. Las provincias, incluida Salta, siguen esperando definiciones sobre los fondos nacionales que podrían recibir en 2026. Pero el clima político no permite avanzar. La pelea en el Congreso, cruzada por acusaciones de vínculos con el narcotráfico, volvió a poner en evidencia los límites del sistema político argentino para dar respuestas claras y rápidas.
La sesión del miércoles será clave. Si Espert no da un paso al costado, la oposición buscará forzar su salida. El oficialismo, mientras tanto, intenta contener el daño y evitar que el escándalo siga desgastando su imagen en plena campaña.
