La Cámara Federal porteña ratificó este martes que el expresidente irá a juicio oral por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con su cargo.
La decisión la tomaron los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, que dejaron firme lo que había resuelto en primera instancia el juez Julián Ercolini. Para los magistrados, quedó probado que Alberto Fernández usó su influencia presidencial para beneficiar a un grupo de productores de seguros cercanos a su entorno más íntimo.
El corazón del delito fue un decreto que él mismo firmó en diciembre de 2019 y que obligó a todo el Estado nacional a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros. Esa norma disparó los negocios de la empresa pública y, según la Justicia, permitió un festival de comisiones para intermediarios que respondían directamente a la secretaria privada del Presidente, María Cantero, y a su marido, Héctor Martínez Sosa.
Los jueces hablaron sin vueltas: hubo un “direccionamiento delictivo” y el propio Alberto Fernández fue el “factor neurálgico” de la maniobra. Mensajes de WhatsApp, mails y testimonios muestran que el exmandatario intervenía personalmente cada vez que algún organismo quería salirse del esquema o cuando los brokers pedían que se apuraran los pagos.
María Cantero, que además de secretaria era la esposa de Martínez Sosa, aparece como la bisagra entre la Casa Rosada y Nación Seguros. Gracias a ella, su marido y un puñado de productores concentraron contratos por cientos de millones de pesos en comisiones, muchas veces sin siquiera prestar el servicio que decían ofrecer.
Además de Alberto Fernández, la Cámara confirmó procesamientos y embargos para Martínez Sosa, Cantero y una decena de directivos de Nación Seguros y organismos públicos. Todos tienen prohibido salir del país y deberán enfrentar el juicio oral que puede terminar con condenas de varios años de prisión.
El fallo destaca que después del decreto de Fernández, Nación Seguros multiplicó exponencialmente sus ingresos por seguros del Estado. Lo que en teoría iba a ahorrar plata al fisco terminó siendo una caja negra para repartir entre amigos del poder, con comisiones que llegaban hasta el 17% cuando el mercado privado pagaba la mitad.
Los camaristas dejaron claro que no fue un error administrativo ni una cuestión de “desprolijidad”. Para ellos, hubo un plan armado desde lo más alto del Gobierno anterior para desviar fondos públicos a través de las pólizas de seguro.
Este procesamiento es un golpe durísimo para Alberto Fernández, que ya venía complicado por otras causas. En Salta y en todo el país, la noticia cayó como un balde de agua fría entre quienes todavía lo defendían y generó festejos entre los que hace años vienen pidiendo que los políticos corruptos paguen con cárcel. El juicio oral promete ser uno de los más resonantes de los últimos tiempos.
