La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes rechazar los recursos presentados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez, confirmando así la competencia del Tribunal Oral Federal Nº2 para avanzar con la ejecución de los bienes embargados en la causa Vialidad. La decisión permite que el Estado continúe con el decomiso de activos por un total de 684.990 millones de pesos, cifra que responde a los cálculos de los peritos judiciales y se mantuvo pese a los cuestionamientos de la defensa de la expresidenta.
Cristina Kirchner había solicitado que el proceso se trasladara al Fuero Civil y Comercial, argumentando que el decomiso equivalía a una acción resarcitoria. Sin embargo, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña señalaron que el decomiso es una medida penal derivada de la condena, destinada a retirar a los responsables los beneficios económicos obtenidos mediante delitos y devolverlos a la sociedad.
“El decomiso se ha consolidado como un pilar esencial de la investigación penal contemporánea, indispensable para desmantelar redes corruptas incrustadas en el Estado”, sostuvieron los magistrados, subrayando que el Tribunal Oral Federal Nº2 está habilitado para ejecutar el proceso, dado que los condenados no realizaron el pago voluntario de los bienes embargados.
La decisión de Casación llega tras meses de polémica sobre el monto fijado para el decomiso y el método utilizado para calcularlo. La defensa de Kirchner había sostenido que la suma debía ser de 42.000 millones de pesos, basándose en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Sin embargo, la Justicia utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio de actualización, asegurando que así se preserva el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria.
El fiscal Mario Villar, que acompañó el proceso, explicó que la cifra se calcula sobre la base de la manipulación de los procesos licitatorios y los sobreprecios detectados en las adjudicaciones de contratos de obra pública. Destacó que todos estos elementos fueron objeto de investigación, juzgamiento y revisión hasta alcanzar la autoridad de cosa juzgada, respetando en todo momento el debido proceso.
Casación dejó en claro que el planteo de Kirchner de trasladar el caso al fuero civil refleja un error conceptual, ya que el decomiso no tiene carácter indemnizatorio. “El decomiso es la herramienta del Estado para recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas o que constituyen ganancias de delitos”, enfatizó Villar, señalando que el proceso debe permanecer en el ámbito penal.
La resolución de Casación también desestimó cualquier cuestionamiento sobre arbitrariedad o interpretación normativa equivocada por parte del tribunal oral. Los jueces confirmaron que la actualización del monto mediante el IPC no es arbitraria, sino un método razonable para mantener el valor económico real de los activos, tal como lo prevé el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.
Con esta confirmación, el Tribunal Oral Federal Nº2 podrá avanzar en la ejecución patrimonial de los condenados, un paso que se interpreta como clave para garantizar la efectividad de la condena y la recuperación de fondos públicos. La causa Vialidad, que marcó un hito en el combate judicial contra la corrupción en la obra pública, continúa así con sus procedimientos sin dilaciones, y la Justicia ratifica la firmeza de sus medidas para asegurar que los responsables respondan económicamente por sus delitos.
El fallo de Casación reafirma, además, la importancia del decomiso como instrumento central del sistema penal argentino para desarticular estructuras de corrupción y asegurar que el dinero proveniente de actos ilícitos sea reintegrado al Estado, cerrando de manera contundente los intentos de la defensa de dilatar o modificar el curso del proceso.
En términos prácticos, esto significa que Cristina Kirchner y Lázaro Báez deberán enfrentar la ejecución de sus bienes embargados hasta cubrir el monto total fijado por la Justicia. La decisión marca un precedente sobre cómo se aplican estas medidas en casos de alto impacto político y económico, consolidando la autoridad de los tribunales penales federales en la supervisión de decomisos vinculados a delitos complejos de corrupción.
La ratificación de Casación pone fin a los recursos presentados por la defensa y reafirma que la causa seguirá tramitándose en Comodoro Py, sede de los tribunales federales de primera instancia, consolidando el marco legal que permite a la Justicia avanzar sin dilaciones en la recuperación de activos ligados a delitos contra el Estado.
