El juicio oral de la Causa Cuadernos, que comenzó el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7, entra en una etapa clave con la declaración virtual de 25 empresarios y exfuncionarios que admitieron pagos o recepción de coimas en contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Estos arrepentidos buscan reducir sus posibles condenas y deberán ratificar ante el tribunal todo lo que declararon previamente ante la fiscalía.
La lista de colaboradores incluye a figuras prominentes del sector de la construcción, la energía y la infraestructura, entre ellos Enrique Pescarmona y Francisco Valenti (vinculados al grupo Impsa), Miguel Aznar, presidente de Vial 3, y Alberto Taselli, empresario energético. También integran la nómina José López, exsecretario de Obras Públicas; Gabriel Pedro Losi (LOSI S.A.), Patricio Gerbi (Coarco), Marcela Sztenberg (Equimac), Benjamín Romero (EMEPA), Jorge Balan y Jorge Neira (Electroingeniería), Claudio Uberti y Claudio Glazman (Grupo Roggio), Juan Chediack y Carlos Wagner (ex presidentes de la Cámara de la Construcción), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Armando Loson (Albanesi), Héctor Javier Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra (Iecsa), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y Óscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones dieron origen a la causa.
Según la fiscalía, la asociación ilícita operó entre mayo de 2003 y noviembre de 2015 con el objetivo de recaudar dinero ilegal a cambio de contratos de obra pública. Los fondos circulaban entre domicilios privados y oficiales, incluidos la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno, y se distribuían entre diferentes funcionarios para su enriquecimiento y la comisión de otros delitos.
En este contexto, Cristina Kirchner está imputada como supuesta jefa de la asociación ilícita, acusada de recibir fondos a través de intermediarios. Julio De Vido es señalado como organizador y supervisor del esquema, mientras que Roberto Baratta tenía a su cargo la recaudación de coimas y acompañaba a Centeno en las entregas. Este último fue uno de los primeros en acogerse a la figura del arrepentido.
Los testimonios que se esperan aportarán detalles sobre pagos millonarios en sobornos, cartelización de contratos y coimas relacionadas con represas, concesiones aeroportuarias y subsidios energéticos. La mayoría de los arrepentidos identificó a Cristina Kirchner y Julio De Vido como los líderes de la red, describiendo con precisión cómo funcionaba el circuito de recaudación ilegal y la participación de distintas empresas.
El Tribunal Oral Federal 7 está compuesto por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, mientras que la fiscalía está a cargo de Fabiana León. La estrategia de los arrepentidos implica confirmar ante los jueces lo que ya declararon, lo que puede agilizar acuerdos judiciales o reducir posibles condenas.
El inicio del juicio generó gran atención por el uso de audiencias virtuales, una modalidad que permite avanzar sin demoras físicas y facilita la participación de todos los imputados, muchos de los cuales residen fuera de Buenos Aires. Esta dinámica, aunque atípica, no resta importancia al proceso y permite que los hechos sean evaluados con la misma rigurosidad que un juicio presencial.
El proceso ha mostrado que la corrupción en obra pública no se limitaba a pagos aislados, sino que funcionaba como un sistema organizado con jerarquías definidas, roles específicos y empresas recurrentes beneficiadas. La causa busca desentrañar cómo se ejecutaban estas maniobras, quiénes eran los responsables directos y cómo se redistribuía el dinero dentro de la estructura estatal.
A medida que se desarrollen los testimonios de los 25 arrepentidos, se espera que el juicio aporte claridad sobre las modalidades de sobornos y los nombres involucrados, lo que podría generar consecuencias judiciales para otros exfuncionarios y empresarios. Los expertos sostienen que estos procesos son fundamentales para comprender la magnitud de la corrupción y establecer precedentes en la lucha contra delitos económicos en la Argentina.
En definitiva, la Causa Cuadernos entra en una etapa crítica, donde la palabra de los arrepentidos puede definir el curso del juicio y marcar un antes y un después en la percepción pública sobre la obra pública y la responsabilidad política. Las próximas semanas serán decisivas para conocer hasta qué punto se ratifican las confesiones y qué impacto tendrán en los imputados y en la justicia argentina.
