La Justicia federal confirmó que el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos en diciembre pasado era víctima de un esquema de extorsión digital que operaba a través de una aplicación de citas. La investigación permitió reconstruir el accionar de una banda dedicada a la manipulación y el chantaje, cuyos integrantes mantenían contacto con la víctima mediante perfiles falsos.
El avance de la causa fue informado este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades del área de Seguridad y del Poder Judicial, donde se dieron a conocer detalles clave del expediente y del mecanismo utilizado por los delincuentes. La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, un joven soldado que dejó una carta antes de morir, documento que resultó determinante para orientar la investigación.
Según se informó oficialmente, desde el mismo día del hecho, ocurrido el 16 de diciembre, se activaron tareas investigativas para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del militar. En el marco de ese trabajo, los investigadores lograron acceder a distintos elementos probatorios, entre ellos la carta que dejó la víctima, cuyo contenido permitió abrir una nueva línea de análisis.
En los primeros párrafos de ese escrito, el soldado hacía referencia a contactos mantenidos a través de una aplicación de citas. A partir de ese dato, se profundizó el análisis de los dispositivos electrónicos y de las comunicaciones digitales, lo que permitió detectar un patrón de manipulación psicológica y extorsión.
La investigación condujo a una aplicación denominada Evermatch, utilizada como plataforma para captar víctimas. Según se pudo establecer, los usuarios eran contactados por supuestos perfiles femeninos que, en realidad, no correspondían a personas reales. Detrás de esas cuentas se escondía una organización dedicada a obtener información personal para luego ejercer presión y exigir dinero.
El esquema incluía el intercambio de mensajes y el envío de imágenes que no necesariamente eran de contenido íntimo, sino material obtenido de distintos sitios de internet. Con esa información, los extorsionadores avanzaban en un proceso de hostigamiento que colocaba a las víctimas en una situación de vulnerabilidad emocional.
A medida que se profundizó el peritaje de los teléfonos celulares y otros dispositivos, la Justicia logró identificar a los presuntos responsables. En ese marco, se determinó que al menos tres de los involucrados se encontraban detenidos en el Penal de Magdalena, desde donde coordinaban y ejecutaban las maniobras de extorsión.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, los integrantes de la banda operaban de manera organizada, con roles definidos y una metodología sostenida en el tiempo. El uso de perfiles falsos, la manipulación emocional y la amenaza de difundir información privada formaban parte de un mismo entramado delictivo.
El caso puso en evidencia la gravedad de los delitos informáticos y el impacto que pueden tener en la salud mental de las víctimas. En este expediente, los investigadores señalaron que la presión ejercida sobre el soldado fue constante y que el hostigamiento se prolongó durante un período previo al desenlace fatal.
La confirmación de que la extorsión se gestaba desde una unidad penitenciaria también encendió alarmas sobre el uso de teléfonos celulares en contextos de encierro y la necesidad de reforzar los controles para evitar que este tipo de delitos continúe replicándose.
